ESTATUTO TRIBUTARIO > > > Capítulo V — Deducciones > Las expensas necesarias son deducibles.—
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Deducciones generales
 

ART. 107. | Las expensas necesarias son deducibles.— [&1548]

Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.

 

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes.

 

INC. Agregado. L. 1607/2012, art. 158.— En ningún caso serán deducibles las expensas provenientes de conductas típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración tributaria podrá, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, desconocer cualquier deducción que incumpla con esta prohibición. La administración tributaria compulsará copias de dicha determinación a las autoridades que deban conocer de la comisión de la conducta típica. En el evento que las autoridades competentes determinen que la conducta que llevó a la administración tributaria a desconocer la deducción no es punible, los contribuyentes respecto de los cuales se ha desconocido la deducción podrán solicitar la correspondiente devolución o solicitar una compensación, de conformidad con las reglas contenidas en este Estatuto y según los términos establecidos, los cuales correrán a partir de la ejecutoria de la providencia o acto mediante el cual se determine que la conducta no es punible.


:: CONCORDANCIAS

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[&1549]
JURISPRUDENCIA - Definición de relación de causalidad.— 

"Para el reconocimiento fiscal de las deducciones, se deben cumplir además de los requisitos de fondo y de forma, los denominados por la doctrina "presupuestos esenciales", los cuales constituyen una condición para su aceptación, ellos son: la causalidad; necesidad y proporcionalidad, y se encuentran consagrados legalmente en el artículo 107 del Estatuto Tributario.

 

Además, de conformidad con el artículo 178 ibídem, la renta líquida está constituida por la renta bruta "menos las deducciones que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta", lo que significa, que las erogaciones que no tengan relación de causalidad con la actividad productora de la renta no son fiscalmente deducibles.

 

La relación de causalidad es el vínculo que guardan los gastos realizados con la actividad productora de renta, por lo cual deben ser los normalmente acostumbrados dentro de una actividad económica, ya que son el antecedente necesario (causa) para producir el ingreso (efecto) que se genera en el desarrollo de dicha actividad". (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Delio Gómez Leyva,  sentencia de septiembre 25/98, Expediente 11403-01)

11403-01


[&1550]
JURISPRUDENCIA - La estampilla pagada para ejercer el objeto social es considerada expensa necesaria.—  

"(...) En el expediente obran unas copias de consignaciones por parte de la Fábrica de Licores de Antioquia para el pago de facturas, comprobantes de pago en los que aparecen deducciones por estampillas pro Anciano, hospitales PU y Pro desarrollo, uno por valor total de $4.838.350 y otros por valor total de $687.640 (folios 199 a 202 c.a.), algunos recibos de caja de la Empresa de Licores de Cundinamarca por concepto pago de facturas y otros comprobantes de egreso (folios 193 a 194 c.a.), consignación por pago de facturas de la Industria licorera de Caldas y entrada de almacén impuestos estampilla Pro Desarrollo $39.580 pro Universidad por $98.820 (folios 191 y 192) y consignación de la Industria de Licores del Valle del Cauca por concepto pago de facturas (folio 190).

 

De lo anterior se observa que las deducciones rechazadas por la Administración, corresponden a pagos de estampillas que retienen las empresas de licores al momento de pagar al contribuyente el valor del contrato de compra de tapas.

 

Si bien se denominan "descuentos por estampillas" su naturaleza es de una carga o erogación que debe hacer el contribuyente al contratar con las empresas de licores o con otras entidades descentralizadas de los Departamentos, eventos en los cuales se causan estos gravámenes, de manera que no se trata de un menor ingreso de la contribuyente, ni del traslado de un carga en cabeza de la empresa de licores como lo entiende la demandada, sino de una especie de retención en la fuente a título de las estampillas.

 

Conforme a la definición contable, los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un período, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes (Decreto Reglamentario 2649 de 1993 artículo 40).

 

Esta definición permite considerar que el descuento de las estampillas que efectúan las empresas licoreras departamentales a la demandante son un verdadero gasto en el que tiene que incurrir la sociedad por efectos de contratar con tales entidades y aunque directamente no haga una erogación efectiva de recursos, hay una especie de retención en la fuente, como mecanismo para recaudar el gasto en que debió incurrir la actora para obtener su ingreso; se trata de una forma de compensación de las cargas u obligaciones de cada contratante al momento de los pagos de las tapas.

 

En efecto, las estampillas que se descontaron (Pro-anciano, Pro-desarrollo, Pro-hospitales y Pro-Universidad) tienen su fundamento legal y dependiendo de su regulación local, generalmente se pagan al realizar ciertos actos, contratos o actuaciones con las entidades departamentales.

 

(...)

 

Así las cosas, se trata de un gravamen a cargo del demandante que debe soportar en la medida en que contrate con estas entidades territoriales.

 

Ahora bien, es irrelevante determinar en este proceso si tal carga es una tasa o una contribución, toda vez que en materia de deducciones del impuesto de renta solamente ciertos y precisos impuestos pueden ser deducibles por autorización legal (artículo 115 del Estatuto Tributario), de manera que sean tasas o contribuciones, de todos modos son erogaciones a cargo de la sociedad para cuya procedencia deben analizarse los presupuestos del artículo 107 del Estatuto Tributario, es decir, que se demuestre que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que sean necesarias y proporcionales a esa actividad.

 

...

 

La relación de causalidad, esto es, el vínculo que debe existir entre la causa (gasto) y el efecto (producción del ingreso o de la renta) se presenta en este caso, pues, el pago de las estampillas (causa) es un factor necesario dentro de la actividad productora de renta, hasta el punto que su desembolso le permite a la demandante obtener la renta líquida o utilidad operacional (efecto) para el impuesto.

 

De otra parte, el criterio comercial con el que deben analizarse los presupuestos de necesidad y proporcionalidad en este caso, supone que la carga que asume la demandante para poder realizar su objeto social, sea una expensa normal, acostumbrada y necesaria en su actividad productora de renta, de tal suerte que de no asumir el pago de las estampillas, no podría comercializar las ventas de tapas de seguridad para licores (...)". (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Ligia López Díaz, sentencia julio 24/2008, Exp. 16302) (&1754) *

 

NOTA *: En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño, sentencia de marzo 04/2010, Exp. 16557, que puede encontrar haciendo clic aquí.

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[&1551]
JURISPRUDENCIA - Bonificaciones esporádicas a los clientes para aumentar ingresos constituyen expensas necesarias.—  

"(...) Sobre los incentivos o comisiones pagados por los bancos a los clientes con el fin de obtener mayores entradas originadas en el pago de impuestos, la Sala se pronunció en oportunidad anterior, en donde consideró que si bien es cierto, no son gastos propios e inherentes a su actividad principal productora de renta, cual es la actividad financiera, dado que se trata de un incentivo que sólo en forma esporádica y voluntaria es otorgado por las entidades financieras a sus clientes, sí puede resultar necesario y ser válido dentro de una economía de libre competencia, indispensable para poder incrementar la renta.

Su justificación radica en que el objeto principal de las entidades financieras es la captación de dineros del público, para su posterior colocación o inversión con la finalidad de obtener ganancias, de ahí que la recaudación de impuestos, aún cuando en estricto sentido no constituya una labor financiera, sí corresponde al ejercicio de una actividad que le permite captar recursos de los contribuyentes que pagan allí sus impuestos, de los cuales puede derivar una utilidad y por ende, una causa de producción de la renta.

 
 
Entonces, los recaudos por concepto de impuestos, permiten de manera temporal, realizar operaciones que inciden directamente en el aumento de sus ingresos, y para ello, las bonificaciones otorgadas a sus clientes al incrementar sus ingresos, resultan necesarias para la producción de la renta, siempre que guarden la correspondiente proporcionalidad.
 
 
El pago de incentivos a los clientes (causa) puede facilitar la obtención de una renta líquida gravable superior (efecto), lo que permite sostener que las bonificaciones entregadas a quienes pagaron sus impuestos motivados por el incentivo ofrecido, no sólo tienen relación de causalidad con la renta declarada y la actividad del Banco y además adquieren el carácter de necesarios para producir la renta.
 
 
(...)
 
 
En síntesis, la Sala encuentra cumplidos los requisitos de relación de causalidad, proporcionalidad y necesidad del gasto previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario para la procedencia de la deducción de bonificaciones entregadas por el banco actor a sus clientes por el pago de sus impuestos en la suma de $852.034.548, razón por la cual es procedente su aceptación, lo que da lugar a la reliquidación del gravamen. (...)". (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, sentencia julio 24/2008, Exp. 16123)

 

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[&1552]
JURISPRUDENCIA - Impuesto de renta diferido débito por diferencias temporales.— 

"En efecto, en el referido fallo, la Sala precisó lo siguiente: según el artículo 147 del Estatuto Tributario, las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales ocurridas en cualquier año o período gravable, con las rentas que obtengan dentro de los cinco años siguientes, es decir que las pérdidas fiscales pueden ser diferidas y activadas para ser amortizadas con posterioridad.

 

Se entiende que la amortización de las pérdidas, puede disminuir la renta líquida hasta los límites de la renta presuntiva que se calcula, según el artículo 188 del Estatuto Tributario, tal como quedó al ser modificado por el artículo 5 de la Ley 488 de 1998, sobre el patrimonio líquido del ejercicio gravable inmediatamente anterior al corriente, puesto que la pérdida no exonera al contribuyente del pago del impuesto correspondiente a la renta presuntiva.

 

El artículo 175 del mismo Estatuto, autoriza a todos los contribuyentes del impuesto de renta para restar de la renta bruta determinada, dentro de los 5 años siguientes, el valor equivalente al exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida operacional calculada por el sistema ordinario, advirtiendo que esta deducción se aplicará sin perjuicio de la presunción mínima de rentabilidad que se debe calcular en el año en el cual se efectúe la deducción.

 

Quiere decir que el contribuyente puede diferir el exceso de la renta presuntiva para amortizarlo en futuras vigencias fiscales, hasta el límite de la renta presuntiva y como en el caso de las pérdidas fiscales, la posibilidad de amortizar el saldo diferido en los años subsiguientes, constituye una expectativa que depende de la rentabilidad futura.

 

Como quiera que las deducciones por pérdidas fiscales y exceso de renta presuntiva, corresponden a conceptos estrictamente fiscales que solo afectan los resultados financieros y contables de aquellas vigencias en que se haga efectivo el derecho de amortización en la declaración del impuesto sobre la renta, surgen por efectos de su aplicación. diferencias temporales fiscales y contables respecto del impuesto de renta generado en el respectivo año gravable y el efectivamente (sic) liquidado, cuyo tratamiento contable está previsto en el artículo 67 del Decreto 2649 de 1993, así:

 

"Activos diferidos. [...]

 

"Se debe contabilizar como impuesto diferido débito el efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que se generará suficiente renta gravable en los períodos en los cuales tales diferencias se revertirán. (...).

 

"El impuesto diferido se debe amortizar en los períodos en los cuales se reviertan las diferencias temporales que lo originaron." [...]" (Subraya fuera de texto).

 

Sobre la base, entonces, de que por efectos de la aplicación de las deducciones por pérdidas fiscales y exceso de renta presuntiva surgen diferencias temporales, y que las mismas tienen un tratamiento contable como impuesto diferido débito previsto en el artículo 67 del Decreto 2649 de 1993, pues en el caso de la renta presuntiva se origina un mayor impuesto, la Sala estimó que negar dicha contabilización como impuesto de renta diferido débito, como lo hizo la Circular No 073 de 1997, contravenía precisamente el artículo 67 del Decreto 2649 de 1993, que exige dicha contabilización "siempre que exista una expectativa razonable de que se generará suficiente renta gravable en los períodos en los cuales tales diferencias se revertirán".

 

De acuerdo con la técnica contable, las diferencias temporales son las partidas provenientes de transacciones que se registran contablemente en un período distinto al que se hace para fines im-positivos, es decir, "son las diferencias entre la utilidad imponible y la utilidad contable antes de impuestos, que surgen por la contabilización en diferentes períodos de las partidas que afectan a la utilidad neta". Las diferencias temporales se revierten en períodos subsecuentes, de manera que, a largo plazo, la diferencia neta es igual a cero".

 

 

Cuando las diferencias temporales reducen el impuesto a la renta en un período gravable determinado, que de otra forma tendría que pagarse en la siguiente vigencia fiscal, se genera un impuesto diferido crédito; es el caso, por ejemplo, de las ventas a plazos, que de acuerdo con la técnica contable se permite reconocer la utilidad en el período en que se efectúan dichas ventas, mientras que para propósitos fiscales se reconocen en proporción a las cuotas recaudadas (artículo 95 del Estatuto Tributario).

 

Por el contrario, cuando tales diferencias incrementan el impuesto por pagar, se genera un impuesto diferido débito, como es el caso, en general, de los ingresos que se incluyen como gravados en la renta gravable pero por alguna razón no se causaron en los registros contables, o las provisiones aceptadas para fines contables, mientras que para fines fiscales sólo cuando se paguen de manera efectiva o se castigue la provisión sin necesidad de aceptar nuevamente cuentas de gastos.

 

En la presente oportunidad pide el actor se declare la nulidad parcial de la Carta Circular No 60 de 1999 y de la Circular Externa No 063 de 1997 para lo cual considera válidas las mismas razones tenidas en consideración por la Sala para anular parcialmente la Circular Externa No. 073 de 1997, que en términos generales la Sala transcribe ahora.

 

Al efecto alega violación por dichas razones de los artículos 11, 17 y 67 del Decreto 2649 de 1993 y 147, 175 y 188 del Estatuto Tributario.

 

Sobre el particular, advierte la Sala que por tener relación directa el análisis de violación del artículo 67 del Decreto 2649 de 1993, con los artículos 11 y 17 ibídem, sobre los principios básicos de contabilidad de esencia sobre forma y prudencia, respectivamente, se analizará, en primer término, la supuesta violación del artículo 67 del referido decreto. (…)

 

Pues bien, si se revisa detenidamente el contenido de estos dos párrafos, es dable concluir que la Superintendencia Bancaria trata las diferencias contables y fiscales originadas como consecuencia de deducciones especiales, entre otras, las previstas en los artículos 147 y 175 y 188 del Estatuto Tributario, como diferencias permanentes, es decir, aquéllas que no se pueden revertir en períodos posteriores, y no originan impuesto diferido ni débito ni crédito, porque esas diferencias permanecen en el tiempo, por ejemplo, un gasto que no sea deducible fiscalmente aun cuando sí contablemente, como el derivado de una sanción. Las diferencias permanentes, entonces, no se pueden reversar contablemente, o sea, no pueden disminuirse ni cambiar el efecto contable al registro inicial, por lo cual, se repite, no generan impuesto diferido y no se pueden contabilizar como tal.

 

Al tratar la demandada como permanentes las diferencias contable y fiscal derivadas de las deducciones especiales de que dan cuenta los artículos 147 y 175 del Estatuto Tributario, no se puede predicar la violación del artículo 67 del Decreto 2649 de 1993, que exige la contabilización como impuesto diferido débito del efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor impuesto en el año corriente, por lo que no resultan de recibo las consideraciones hechas por la Sala en el fallo del 26 de marzo de 1999, dado que, como arriba se dejó dicho, las mismas parten de la base de que de conformidad con la Circular Externa No 073 de 1997, las diferencias derivadas de las deducciones especiales por pérdidas fiscales de sociedades y por diferencia de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria, son de carácter temporal.

 

Nótese que la Sala no está sosteniendo ahora que el tratamiento contable de tales deducciones es el de diferencias permanentes, sino que los argumentos del fallo del 26 de marzo de 1999, montados sobre la base de la violación del artículo 67 del Decreto 2649 de 1993, no pueden ser aplicables al sub-judice, porque en los actos acusados se parte del supuesto de que las citadas diferencias son de carácter permanente, diferencias que en manera alguna se tratan en la referida disposición contable. (…)

 

 

De otra parte, tampoco se encuentran violadas las normas del Estatuto Tributario sobre deducciones especiales por pérdidas fiscales de sociedades (artículo 147 del Estatuto Tributario}, y exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria (artículos 175 y 188 del Estatuto Tributario), pues como también lo había enunciado la Sala y se confirma con la transcripción hecha del fallo del 26 de marzo de 1999, el acto acusado en ese entonces, la Circular Externa No 073 de 19971 al prohibir la contabilización como impuesto diferido débito de los efectos de las deducciones especiales en mención, no vulneró las normas tributarias, dado que, según las voces del referido fallo "no desconoce el derecho que asiste a los contribuyentes de solicitar, cuando las condiciones de rentabilidad lo permitan, las deducciones previstas en los artículos 147 y 175 del Estatuto Tributario, puesto que tal reconocimiento es independiente del tratamiento contable que al impuesto diferido debe darse". (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Delio Gómez Leyva, sentencia de marzo 24/2000, Expediente 9551) (2111, 2373 2508)

9551


[&1553]
JURISPRUDENCIA - En principio los gastos de asistencia a la convención y de conmemoración de aniversario no son deducibles.— 

" (...) De acuerdo con los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario, se entiende la relación de causalidad, como el nexo causal que existe entre el gasto y la renta obtenida, es decir que no es posible producir la renta obtenida, si no se incurre en el gasto; la necesidad implica que el gasto interviene de manera directa o indirecta en la obtención de la renta, o sea que ayuda a producirla, en oposición al gasto meramente útil o conveniente; y la proporcionalidad indica que el gasto debe ser razonable, esto es la relación que existe entre la magnitud del gasto y el beneficio que puede generarse con el mismo.

  

Bajo el marco conceptual definido en la mencionada disposición, sobre los gastos en que incurrió la actora, procede el siguiente análisis.

 

Gastos de asistencia a la convención.

 

Si bien los gastos de asistencia a la convención realizada en Cancún (México), organizada por XXXXXXXXXXXXX.,(ahora XXXXXXXXXX.) sociedad que según afirma en la demanda, y lo confirma el dictamen pericial, en su carácter de proveedora en el exterior, realizó en el año 2000, ventas por $ 11.175.017; que pueden resultar útiles y convenientes para las operaciones comerciales futuras, es evidente que tales gastos no son necesarios para producir la renta declarada por la actora, ni se trata de los normalmente acostumbrados en su actividad referida a la comercialización, distribución y venta de insumos y productos agrícolas.

 

Lo anterior, porque no se trata de gastos incurridos en el exterior que constituyan un antecedente necesario para producir el ingreso, como serian los originados en la compra de materia prima, sino en gastos ocasionales, sin los cuales igualmente se habría generado la renta, pues no contribuyen de manera directa a generar los ingresos base de liquidación del impuesto.

 

Ahora bien, el hecho de que los gastos asistencia a la convención, solo representan el 0.46% de los ingresos netos declarados en el año gravable 2000, como se afirma en el dictamen pericial, no resulta suficiente para que se reconozca la deducibilidad del gasto, pues respecto de este deben concurrir no solo la proporcionalidad, sino también la relación de causalidad que exige que los gastos realizados durante el ejercicio gravable estén asociados con la actividad generadora de renta, esto es que sean necesarios para la obtención del ingreso.

 

Gastos de conmemoración de los 25 años.

 

Respecto a los gastos incurridos en la conmemoración de los 25 años de la empresa, son igualmente pertinentes las consideraciones antes expuestas, pues no se trata de un gasto necesario para la producción de la renta, aún cuando pueda resultar conveniente para incentivar a los empleados de la empresa y como medio de publicidad ante la localidad respectiva. Así que, aún cuando el gasto comentado no haya superado el 0.055% de los ingresos netos declarados, como lo sostienen los peritos en su dictamen (fl.94), éste no es deducible, en cuanto no se trata de un gasto sin el cual habría ausencia de renta y tampoco tiene la naturaleza de los normalmente acostumbrados dentro de la actividad económica realizada por la actora.

 

Contribuciones a la Superintendencia de Sociedades

 

Respecto de las contribuciones pagadas a la Superintendencia de Sociedades, la Sala reitera el criterio expuesto en la sentencia que declaró la nulidad de los Conceptos 044070 de 1999 y 52218 de 16 de agosto de 2002 de la DIAN. en la cual se concluyó que, contrario a lo expresado en los citados conceptos, tales contribuciones cumplen los requisitos previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario para su deducibilidad, (…)”.  (Consejo de Estado, Sección Cuarta C.P. Juan Angel Palacios Hincapié, Sentencia de octubre 25/2006, Exp. 14796) (&1281)

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[&1554]
JURISPRUDENCIA - Deducibilidad de la “contribución cafetera”.—  

 “(…) la Sala debe analizar si la contribución cafetera cumple los requisitos de relación de causalidad, necesidad, proporcionalidad, y realización en el período gravable, que la DIAN alega como omitidos para su deducibilidad.


* Relación de causalidad. La Contribución Cafetera guarda un vínculo o conexión de causalidad con la actividad productora de renta, esto es, con el objeto social a que se dedica la accionante de "comercialización, procesamiento, distribución, y venta de producto (sic) agrícolas, en especial el café, en todos sus estados (fl. 31 e. Certificación de Cámara de Comercio), de tal forma que se advierte la conexidad existente de causa (expensa) y el efecto (producción del ingreso o de la renta), toda vez que el pago de la contribución (causa) constituye una expensa forzosa a cargo del caficultor para que pueda vender sus productos en el exterior, por lo que hace parte de los gastos operacionales de administración consagrado en el Plan Único de Cuentas (D. 2650 de 1993) y en consecuencia su desembolso como deducción disminuye la renta líquida o utilidad operativa (efecto) del contribuyente.

** La necesidad de la contribución cafetera se tipifica al configurarse como un egreso dirigido a dar cumplimiento a disposiciones legales [Ley 9 de 1991 y demás disposiciones reglamentarias], además de ser un presupuesto previsto por el legislador para que sea viable la exportación del café, al señalar que "La exportación de café no podrá llevarse a cabo sin la previa comprobación de la existencia física del café que se pretende exportar, de haberse pagado la contribución a que se refiere el artículo 19...", de manera que su pago permite la obtención de ingresos en desarrollo de la actividad económica.


Por lo que si bien la contribución cafetera no es una erogación que se involucre en forma directa en el proceso productivo para la obtención del café que es objeto de exportación, dado que incluso su base gravable la compone el equivalente en pesos colombianos del valor en moneda extranjera del costo bien a exportar puesto en puerto colombiano (FOB), no puede perderse de vista que es un egreso administrativo indispensable para el normal funcionamiento de las empresas dedicadas a la exportación de café.


*** El presupuesto de la proporcionalidad exige que la expensa guarde una proporción razonable con el ingreso, debido a que la erogación tiene un límite máximo que está medido por la relación que existe entre la magnitud del gasto y el beneficio que pueda guardarse. En la contribución en estudio la Sala advierte que entre los factores a considerar para su liquidación son "el valor que debe ser reintegrado", el cual se determina de acuerdo con el registro del precio del café en el mercado internacional, y "el costo del café a exportar, adicionado con los costos internos", aspectos que la hacen razonable frente al volumen de café que se pretende exportar en los términos fijados por el legislador.


En cuanto a la realización la sociedad actora allegó certificado de revisor fiscal (fl. 36 e.), el cual da cuenta que "revisados los registros de contabilidad de la sociedad xxxx correspondiente al año gravable de 2000, se encontró que existe dentro de los COSTOS, una partida por valor de $xxxxx, que por demás la entidad demandada ha aceptado como un valor pagado durante la vigencia fiscal discutida.


De todas maneras la connotación tributaria de la "contribución cafetera" la ubica dentro de los egresos o expensas que contribuyen en la generación de la renta a título de gastos, como quiera que no se trata de salidas de recursos que tengan una relación directa con la producción los bienes o servicios prestados, que es lo que se conoce como "costos".


No obstante, si bien es cierto que la actora reflejó la suma de $XXXXXXXX como costo de venta en el denuncio rentístico del año gravable 2000, que al sustraerlo del ingreso produjo una disminución de la renta bruta, también lo es que el efecto matemático de llevarlo como deducción a la larga se evidencia en un menor valor de la base gravable, razón por la cual es viable su aceptación dado que se trata de un guarismo que disminuye la renta líquida gravable sometida a imposición.” (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA, sentencia de nov. 20/2008, Exp. 16312).  (&1755).


COMENTARIO. En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, en sentencia  de noviembre 13 de 2008, exp. 16307; en dicha sentencia se  decidió sobre  la deducibilidad  de la  contribución especial a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  

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[&1555]
JURISPRUDENCIA - No son deducibles los gastos realizados para asociarse a clubes o asociaciones gremiales*, suscribirse a periódicos y revistas, adquirir libros o contribuir con gastos médicos., Si lo son los destinados al registro y renovación de la matrícula en la cámara de comercio 

“(…) Si se contextualiza el marco general de las deducciones basados en la norma transcrita, se observa que desde el inicio la norma sujeta el término “deducción” a una relación directa con que se genere “en desarrollo de una actividad productora de renta”.

 
Es pues, por expreso mandato de la ley, que para que una erogación se convierta en deducción, no es dable que se cancele porque el contribuyente así lo disponga, sino porque haya tenido verdadera necesidad de efectuarla, y que sin ella fuera imposible obtener la renta declarada, vale decir que sea indispensable para la obtención de la renta bruta.
 
Se resalta entonces que, en materia tributaria, sólo son aceptables como deducción las expensas que tengan relación de causalidad, que sean necesarias y proporcionadas respecto del ingreso percibido; de lo contrario, sólo son admitidas las deducciones expresamente reconocidas por la ley, siendo la aplicación de éstas últimas de carácter restrictivo, comoquiera que responden a una excepción fiscal.
 
Además, la misma ley especifica cada uno de los requisitos esenciales para la aceptación de las mismas en los siguientes términos:
 
“CAUSALIDAD: Es el vínculo que guardan los gastos realizados con la actividad productora de renta”.
 
NECESIDAD: El requisito de la necesidad del gasto, debe establecerse en relación con el ingreso y no con la actividad que lo genera; basta con que sea susceptible de generarlo o de ayudar a generarlo”, y
 
PROPORCIONALIDAD: Este presupuesto exige que la expensa guarde una proporción razonable con el ingreso (magnitud del gasto y beneficio que pueda generarse)”.
 
Es evidente que respecto de los requisitos anotados, no es la actividad la que determina la procedencia o no del gasto como deducción fiscal, sino la renta que con dicho gasto se obtiene, sin lo cual no es posible su aceptación, de donde, la expensa así se realice en forma esporádica debe estar vinculada a la producción de la renta.
 
El Consejo de Estado ha manifestado su concordancia con lo expuesto en diversos pronunciamientos, exponiendo que solo es posible aceptar una partida como deducible, si cumple los presupuestos exigidos para las expensas necesarias por el artículo 107 del Estatuto Tributario, el cual exige no el cumplimiento de uno o dos de los requisitos esenciales, sino de la totalidad de ellos, luego, la necesidad está ligada directamente con el ingreso que se obtenga de haber efectuado la erogación, al igual que la causalidad y la proporcionalidad, la que tampoco consiste en que represente un porcentaje ínfimo respecto de la totalidad de ingresos declarados sino, como lo aclara la definición, es la proporción del gasto frente al beneficio o entrada que ese mismo gasto pueda generar.
 
Aclarado lo anterior, se concluye que puede asistirle la razón al demandante en que los gastos realizados como asociarse a clubes o asociaciones gremiales, suscribirse a periódicos y revistas, adquirir libros, contribuir con gastos médicos y demás puedan incentivar a los empleados, crear un mejor ambiente y otras circunstancias benéficas para la empresa, reportando utilidad y conveniencia para incrementar la percepción de ingresos, pero no constituye un gasto obligatorio, ni tiene carácter de indispensable para obtener la renta. 
 
Queda claro entonces, que cualquier gasto que se realice por parte de un contribuyente, aún estando debidamente contabilizado y soportado, solo tendrá la calidad de deducible en materia fiscal si cumple los presupuestos antedichos, los cuales constituyen condiciones sine qua non para su aceptación.
 
(…).
 

En lo que hace a la relación de causalidad, el registro y la renovación de la matrícula en la cámara de comercio forman parte de los egresos realizados en cumplimiento de disposiciones legales de carácter obligatorio para desarrollar el objeto social, siendo además necesario para dar cumplimiento a lo requerido por los artículos 28 y 33 del Código de Comercio y proporcional por cuanto la tarifa es determinada por autoridad competente y no por el albedrío de los comerciantes, de donde cumple con los presupuestos del citado artículo, ya que al igual que el anterior, si bien no posee relación directa con el ingreso obtenido forma parte de las expensas necesarias, por ser indispensable para el funcionamiento de la sociedad. Lo anterior hace procedente también la deducción de lo pagado a la cámara de comercio…”. (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, sentencia de agosto 13/2009, Exp. 16454)

 

NOTA *: El artículo 57 de la L. 1430/2010, autoriza la deducibilidad de los pagos a favor de asociaciones gremiales. (&1768).

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[&1555-1]
JURISPRUDENCIA - Impuestos descontables asociados a gastos por concepto de medicina prepagada 

“(…) La Sala ha sostenido que el servicio de medicina prepagada es una forma de remuneración para los trabajadores, que son parte fundamental en la consecución de los ingresos de la entidad, la cual debe velar por sus condiciones de salud que son necesarias para que la empresa consiga su objeto social enderezado a generar renta. En otras palabras, este tipo de gastos guarda estrecha relación con la actividad generadora de renta de la empresa y resultan necesarios para este propósito(17).
De otra parte, ha señalado que “el carácter laboral del gasto, permite igualmente afirmar que existe un nexo causal frente a la actividad productora de renta, puesto que la fuerza laboral constituye, sin duda, un elemento indispensable en la producción de la renta, y por la misma razón, resulta necesario el gasto, para la obtención efectiva del ingreso, en cuanto incide de manera directa en la productividad de la empresa”(18).
Lo anterior permite reiterar que los pagos que por concepto de servicios de salud, por medicina prepagada efectúa el empleador para sus trabajadores, constituyen gasto de naturaleza laboral, susceptible de ser considerado como deducción a la luz del artículo 107 del estatuto tributario, pues como se indicó cumplen con los presupuestos legales para su deducibilidad (…)”. (Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, sentencia de abr. 25/2013, Rad.19058)
(17) Sentencias del 13 de agosto de 2009, exp. 16217, C.P. William Giraldo Giraldo, del 19 de mayo de 2011, exp. 18039, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(18) Sentencia de 12 de mayo de 2005, exp. 13614, C.P. Héctor J. Romero Díaz, del 2 de abril de 2009, exp. 16595, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y las citadas en la nota anterior.


[&1555-2]
OPINIÓN DE LA DIAN - Las cuotas de afiliación pagadas a los gremios son deducibles del impuesto sobre la renta.— 

“1) Como es de público conocimiento, el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el mes de octubre del año pasado radicó en la Secretaría General de la H. Cámara de Representantes el Proyecto de Ley que para la época fue el 124 de 2010 Cámara, 174 de 2010 Senado,  "Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”.
 
Es así como en el curso del primer debate se aprobaron artículos nuevos con el debido aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y además se presentaron varias constancias obrando entre ellas la de incluir la deducibilidad de las cuotas de afiliación pagadas a los gremios como costo deducible del impuesto de renta, lo que se concretó en la disposición mediante la cual se adicionó el Parágrafo 1° al artículo 116 del Estatuto Tributario, cuyo tenor es el siguiente:
 
"ARTICULO 57. —Adiciónese un parágrafo al artículo 116 de estatuto tributario, así:
 
"Parágrafo 1. Las cuotas de afiliación pagadas a los gremios serán deducibles del impuesto de renta."
 
Por tanto, si bien la nueva disposición no se refiere a impuestos, contribuciones ni a regalías a los que alude el artículo 116 en su inciso primero sino a cuotas de afiliación pagadas a los gremios, debe entenderse que las cuotas de afiliación pagadas a los gremios podrán ser deducidas en la determinación del impuesto sobre la renta.” (DIAN, Conc. 021716, marzo 25/2011). (&1768).

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[&1556]
OPINIÓN DE LA DIAN - Son deducibles en la determinación del impuesto sobre la renta el valor en pesos pagado a una entidad financiera, en la liquidación de derivados.— 

"(…) Finalmente la Cartilla explica que el forward de monedas es un pacto que se efectúa hoy entre una empresa y una entidad financiera, o entre dos entidades financieras, para comprar o vender en el futuro cierta cantidad de una moneda, en una fecha determinada y a un precio específico. Los forwards pueden pactarse “delivery” o “non delivery” (NDF) según su forma de liquidación y de pago y de acuerdo con las necesidades del empresario.

 

En la modalidad “delivery” los dólares pactados, ya sea de compra o de venta, serán entregados por el importador, el exportador o la entidad financiera según sea el caso y el pago respectivo de estos se hará en pesos. En la operación “non delivery” la liquidación se efectuará contra un índice (TRM), en cuyo caso sólo se girará el valor en pesos producto de la diferencia entre la tasa pactada y el índice vigente para la misma fecha. La parte que tenga la diferencia en contra girará los pesos equivalentes.

(…)

 

Recapitulando, se tienen los siguientes escenarios: si el empresario no se cubre, la fluctuación de la tasa de cambio impactará directamente su estado de resultados y por ende la determinación de la renta líquida. Si el empresario exportador o importador solicita la cobertura forward, asegurará un nivel de ingreso o un nivel de gasto, según el caso, el cual también se reflejará en su estado de resultados y por ende en la renta líquida. Ahora bien, si el empresario solicita la cobertura forward y la tasa de cambio se comporta de manera distinta a la esperada, la lógica nos indica que la diferencia entre la tasa forward y la TRM de la fecha de liquidación debe repercutir en el estado de resultados y también en la renta líquida.

 

Cabe recordar que en relación con los contratos swap, financieramente asimilados a una serie de contratos forwards, este Despacho consideró en el Oficio número 033738 del 1° de junio de 2004, que los pagos al exterior que hace un residente colombiano en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un contrato swap, por efecto de la fluctuación de la tasa de interés, corresponde a un gasto con ocasión de la operación y como tal son deducibles.

 

Con base en lo expuesto, este Despacho concluye que si es deducible en la determinación del impuesto sobre la renta, el valor en pesos pagado a una entidad financiera por efecto de la diferencia en cambio en contra entre la tasa pactada y el índice (Tasa Representativa del Mercado) vigente para la misma fecha en la liquidación de los contratos forwards suscritos bajo la modalidad “delivery” o “non delivery”, cuya finalidad es la cobertura del riesgo cambiario en operaciones de comercio exterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario y demás normas concordantes.” (DIAN, Conc. 068244, sep. 03/2007, Promulgado Diario Oficial No. 46.763 el 26 de septiembre de 2007)

068244


[&1556-1]
JURISPRUDENCIA - Los gastos de transporte pagados a un trabajador independiente no pueden calificase como viáticos, ya que esta denominación depende de la existencia de una relación laboral.— 

“El Decreto 24 de 1998, por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de servicios temporales, las define así:
 
"ARTICULO 1°. <DEFINICION>. Denomínase empresa de servicios temporales, aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de ésta el carácter de empleador.
 
Los trabajadores de la empresa de servicios temporales son de dos categorías: de planta y en misión.
 
Los trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en las dependencias propias de las empresas de servicios temporales y trabajadores en misión aquellos que envía la empresa de servicios temporales a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratados por éstos. La empresa de servicios temporales tendrá siempre el carácter de empleador con respecto tanto a los de planta y en misión.
 
(…)”
 
De acuerdo con las anteriores disposiciones, la empresa de servicios temporales tiene el carácter de empleadora, respecto de sus trabajadores de planta y en misión.
 
Concretamente, para los trabajadores en misión, la Ley 50 de 1990 consagra el derecho al salario, vacaciones, prima de servicios proporcional al tiempo laborado, salud ocupacional acorde con los artículos 76, 78 y 79; adicionalmente remite a las disposiciones del artículo 75 de la Ley 50 de 1990. Es decir, a este tipo de trabajadores se les aplica el Código Sustantivo de Trabajo.
 
Dispone el artículo 130 del Código mencionado:
 
“ARTICULO 130. VIÁTICOS. Modificado por el artículo 17 de la Ley 50 de 1990.
 
1. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento; pero no en lo que sólo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación.
2. Siempre que se paguen debe especificarse el valor de cada uno de estos conceptos.
3. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Son viáticos accidentales aquéllos que sólo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente.”
 
De la lectura de la norma concluye la Sala que los viáticos permanentes constituyen salario en la parte dedicada a suministrar al trabajador manutención y alojamiento, mas no en lo que sólo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. En cuanto a los viáticos accidentales, señala que en ningún caso constituirán salario.
 
Viáticos, según el Diccionario de la Real Academia, es la prevención, en especie o dinero, de lo necesario para el sustento del que hace un viaje; en consecuencia, el concepto cubre los gastos en que incurre el trabajador por el cumplimiento de sus funciones o de las actividades relacionadas con su trabajo, fuera de su sede habitual.
 
Explica la demandante que los pagos fueron realizados a personas no vinculadas laboralmente a la empresa y que no figuraban en la nómina de sus empleados; por lo tanto, considera la Sala que si los viáticos se predican frente a relaciones laborales y de acuerdo con la explicación de la actora, tales personas no tienen ese vínculo de subordinación y dependencia con ella, los pagos hechos como viáticos, no son deducibles.
 
Cuando se trata de la prestación de servicios independientes en los que no existe relación laboral, el contratista recibe como contraprestación una remuneración que bien puede corresponder al concepto de honorarios, comisiones o servicios, dependiendo de la naturaleza y calificación del servicio prestado y si requiere desplazarse a diversos lugares, estos gastos de transporte corren por su cuenta y no pueden calificarse como viáticos, los que, como se vio, aluden a una relación laboral.
 
En ese contexto, el pago no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, causalidad, necesidad y proporcionalidad, por cuanto, no beneficia la actividad productora de renta de XXXXXXX S.A.
 
Para la Sala, los listados de comprobantes de egreso visibles a folios 1919 a 1920 del Tomo VI, demuestran que las personas allí, relacionadas no tienen vínculo laboral con XXXXXXXXX, para que los pagos cuestionados puedan considerarse viáticos. (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Carmen Teresa Ortiz, sentencia de marzo 12/2012, Exp. 18172) (&1548)

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[&1556-2]
OPINIÓN DE LA DIAN - Deducción por pérdida en la enajenación de activos representados en inversiones financieras es procedente siempre que se cumplan los requisitos del art. 107 del E.T. y no esté expresamente prohibida.— 

“Consulta si es deducible en la determinación del impuesto sobre la renta, la pérdida proveniente de la enajenación de activos representados en inversiones financieras diferentes a las acciones, obtenida por empresas que tienen dentro de su objeto social la realización de dichas inversiones?

 

Al respecto, el Despacho considera:

 

Las deducciones, como factor de depuración de la renta, por regla general, están supeditadas al cumplimiento de ciertos requisitos de cuya observancia depende su procedencia. En efecto, prevé la legislación impositiva vigente las condiciones para la aceptación de las deducciones, que se concretan en: los presupuestos esenciales, los requisitos de fondo y de forma. Dentro de los denominados por la doctrina "presupuestos esenciales", es indispensable, que entre el gasto y la renta se configuren la relación de causalidad, la necesidad y la proporcionalidad (Estatuto Tributario, artículo 107). En lo que dice relación con los requisitos de fondo, como es lógico, debe verificarse la realización del gasto y su oportunidad e imputabilidad. Respecto de los requisitos de forma, son las formalidades que se deben cumplir para su aceptación, es decir que estén debidamente soportadas y que los soportes cumplan con los requisitos legales.

 

Ahora bien, en lo concerniente a la pérdida en la enajenación de activos, el inciso primero del artículo 90 del Estatuto Tributario, establece:

 

"La renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier título, está constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo del activo o activos enajenados.”.

 

Por su parte, el artículo 149 ibídem, consagra cuales son los ajustes efectuados sobre el valor de los activos que no se tienen en cuenta para determinar el valor de la pérdida que se origina en su enajenación.

 

Como se observa las disposiciones en mención reconocen la pérdida fiscal por enajenación de activos, la cual se predica respecto de cualquier clase de activo bien sea fijo o movible, y para efectos de su determinación, se deben excluir los ajustes fiscales de que trata el artículo 149 del Estatuto Tributario.

 

En relación con la noción de pérdidas en la enajenación de activos y con el ánimo de diferenciarla de las pérdidas operacionales y de capital, el Honorable Consejo de Estado mediante Sentencia del 16 de junio de 2005 (Exp. 14633, C.P. Dra. Ligia López Díaz), expresó:

 

"La pérdida en la enajenación de activos, que se presenta cuando se vende un bien que hace parte del activo del contribuyente por un valor inferior a su costo fiscal incluidos los ajustes integrales por inflación, según prescribe el artículo 90 del Estatuto Tributario. Para este fin, deben excluirse del costo fiscal, los ajustes a que se refieren los artículos 73, 90-2 y 868 del Estatuto Tributario. Así mismo, deben atenderse los límites consagrados en los artículos 149 y siguientes del E.T.”

 

Ahora bien, para efectos de determinar la procedencia de la deducción de las pérdidas que se originan en la enajenación de activos, es necesario tener en cuenta las prohibiciones que de manera expresa consagra el ordenamiento tributario.

 

En efecto, no son deducibles las pérdidas en enajenación de activos expresamente señalados en el Estatuto Tributario, tales como acciones o cuotas de interés social (art. 153), Bonos de Financiamiento Presupuestal (art. 154), Bonos de Financiamiento Especial (art. 155), enajenación de activos a vinculados económicos (art. 151), enajenación de activos de sociedades a sus socios (art. 152); tampoco son deducibles las demás pérdidas por enajenación de activos, cuando las disposiciones especiales así lo señalen.

 

Así las cosas, si se trata de la enajenación de activos representados en inversiones financieras cuya deducción no esta prohibida de manera expresa, es procedente su deducción, claro está siempre y cuando se cumplan los requisitos que para su deducibilidad exijan las normas vigentes.

 

En relación con la jurisprudencia citada en su consulta, el artículo 102 del C.P.C y de lo C.A., solamente procede la extensión de los efectos de la jurisprudencia cuando la misma sea de unificación.” (DIAN, Conc. 58132, sep. 13/2012) (& 2150 y s.s.)

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Ley sobre el Patrimonio Cultural, Fomentos y Estímulos a la Cultura
[&1557]
L. 397/1997. 

ART. 56. Reformado. L. 1185/2008, Art 14. Estímulos al patrimonio cultural de la Nación.— Los propietarios de bienes muebles e inmuebles declarados como de interés cultural, o los terceros que hayan solicitado y obtenido dicha declaratoria, podrán deducir la totalidad de los gastos en que incurran para la elabo­ración de los Planes Especiales de Protección y para el mantenimiento y conservación de estos bienes aunque no guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta.

 

Para tener derecho a este beneficio las personas interesadas deberán presentar para aprobación del Ministerio de Cultura o de la autoridad territorial competente para efectuar la declaratoria de que se trate, el proyecto de Plan Especial de Protección, el proyecto de intervención o de adecuación del bien mueble o inmueble de que se trate.

 

El Ministerio de Cultura reglamentará la aplicación de lo previsto en este artículo, para la salvaguardia y divulgación de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, en consideración a que este carece de propietario individualizado.


Incentivos Tributarios a la Cinematografía Nacional
[&1563]
D.R. 358/2000. 

ART. 21. Deducción por mantenimiento y conservación de obras audiovisuales declaradas como bienes de interés cultural.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 397 de 1997, los propietarios de obras audiovisuales nacionales declaradas de interés cultural, pueden deducir del impuesto de renta la totalidad de los gastos en que incurran para el mantenimiento y conservación de dichos bienes, aunque no guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta.


[&1564]
D.R. 358/2000. 

ART.  22. Gastos sobre los que operan la deducción.Son deducibles todos los gastos que realice el propietario nacional de la obra audiovisual declarada como bien de interés cultural, para la conservación y mantenimiento directos del respectivo soporte material de fijación, entendiéndose por éstos la adquisición de insumos o equipos y los que efectúe para contratar servicios especializados de preservación del soporte, tales como almacenaje en condiciones ambientales y demás técnicamente requeridas, duplicación, restauración, o acciones de intervención similares.

 

La deducción procede en el año gravable en que se haya realizado y requiere la comprobación de gastos de conformidad con el estatuto tributario.

 

PAR. 1º.— Los gastos por adquisición de equipos e insumos serán deducibles, cuando se acredite su relación directa y proporcional con la obra u obras declaradas como bienes de interés cultural, requiriéndose para el efecto la aprobación previa del plan de conservación y mantenimiento por parte del Ministerio de Cultura en la forma prevista en el artículo siguiente.

 

PAR. 2º.— La deducción por adquisición de servicios operará sobre los gastos realizados para la conservación y mantenimiento de soportes materiales, en territorio nacional y ante entidades especializadas aprobadas por el Ministerio de Cultura, salvo que por especiales circunstancias de imposibilidad técnica o por insuficiencia en la capacidad instalada para prestación de estos servicios en el país, reconocidas tales circunstancias por el mismo ministerio en el plan de conservación y mantenimiento, los servicios deban adquirirse en otro territorio, de conformidad con lo previsto en el estatuto tributario.

 

La deducción de los gastos referidos en este parágrafo, se aplicará sobre las acciones de conservación y mantenimiento, tales como almacenaje en condiciones técnicas requeridas, intervención o restauración, de un máximo de cuatro (4) elementos de tiraje.

 

PAR. 3º.— Son deducibles los gastos que se efectúen, para la expedición de un máximo de veinte (20) copias en relación con cada obra declarada de interés cultural. Para este efecto no se requerirá la aprobación previa del plan de conservación por parte del Ministerio de Cultura.

 

PAR. 4º.— En todos los casos, son deducibles sólo los gastos que efectúe el propietario nacional para la duplicación de obras de interés cultural, para la conservación y mantenimiento de los elementos de tiraje de su propiedad o en la proporción de propiedad que tenga en los mismos.


[&1565]
D. R. 358/2000. 

ART. 23. Plan de conservación y mantenimiento.1. Sin perjuicio del parágrafo tercero del artículo anterior, para tener acceso a la deducción reglada en este capítulo, el propietario del soporte material de la obra declarada como bien de interés cultural, deberá presentar al Ministerio de Cultura un plan sobre las actividades de mantenimiento y conservación que ejecutará en el correspondiente período gravable, en el cual se expresen los medios técnicos utilizados para el efecto y los gastos que se efectuarán.

 

2. Una vez presentado el informe sobre las actividades de mantenimiento y conservación, el Ministerio de Cultura realizará las valoraciones técnicas necesarias y aceptará mediante acto administrativo, en caso de valorarlo procedente, el plan de mantenimiento y conservación.

 

Tratándose de la adquisición de servicios de entidades especializadas, los gastos deducibles no podrán ser superiores a las tarifas promedio aplicables en el país por entidades especializadas o, en caso de no existir infraestructura o capacidad técnica necesaria en el país para el adelantamiento de esta clase de acciones técnicas, a las internacionalmente aplicables, unas y otras avaladas por el Ministerio de Cultura.

 

3. El propietario del soporte material objeto de la deducción suscribirá convenio con el Ministerio de Cultura, en el cual se comprometa a conservar en el país los elementos de tiraje, salvo la existencia de imposibilidades técnicas o de capacidad instalada antes descritas. Igualmente, en el referido convenio asumirá el compromiso descrito en el artículo 48 posterior.

 

4. Una vez aprobado el plan de mantenimiento y conservación y suscrito el convenio a que se refiere el numeral anterior, el Ministerio de Cultura comunicará a la Dirección de Impuestos Nacionales la expedición de tal aprobación, informando para el efecto la identificación o NIT del propietario del soporte material, el monto de los equipos, insumos o gastos objeto del plan de conservación.

 

La aprobación de los planes de mantenimiento y conservación tendrán vigencia máxima de dos años, pudiendo renovarse indefinidamente a solicitud del propietario de la obra declarada de interés cultural.

 

5. Para tener acceso a la deducción reglada en este capítulo, se debe acreditar por el solicitante o interesado el cumplimiento del depósito legal en la forma prevista en este decreto.


Certificados de Inversión o Donación Cinematográfica; Fomento a la Producción
[&1571]
L. 814/2003. 

ART. 16. Reformado. L. 1607/2012, art. 195. Beneficios tributarios a la donación o inversión en producción cinematográfica.Los contribuyentes del impuesto a la renta que realicen inversiones o hagan donaciones a proyectos cinematográficos de producción o coproducción colombianas de largometraje o cortometraje aprobados por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía, tendrán derecho a deducir de su renta por el periodo gravable en que se realice la inversión o donación e independientemente de su actividad productora de renta, el ciento sesenta y cinco por ciento (165%) del valor real invertido o donado.

 

Para tener acceso a la deducción prevista en este artículo deberán expedirse por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía certificaciones de la inversión o donación denominados, según el caso, Certificados de Inversión Cinematográfica o Certificados de Donación Cinematográfica.

 

Las inversiones o donaciones aceptables para efectos de lo previsto en este artículo deberán realizarse exclusivamente en dinero.

 

El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones, términos y requisitos para gozar de este beneficio, el cual en ningún caso será otorgado a cine publicitario o telenovelas, así como las características de los certificados de inversión o donación cinematográfica que expida el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía. 


[&1572]
L. 814/2003. 

ART. 17. Limitaciones.— El beneficio establecido en el artículo anterior se otorgará a contribuyentes del impuesto a la renta que, en relación con los proyectos cinematográficos, no tengan la condición de productor o coproductor. En caso de que la participación se realice en calidad de inversión, esta dará derechos sobre la utilidad reportada por la película en proporción a la inversión según lo acuerden inversionista y productor. Los certificados de inversión cinematográfica serán títulos a la orden negociables en el mercado.

 

Las utilidades reportadas por la inversión no serán objeto de este beneficio. El Gobierno Nacional reglamentará lo previsto en este artículo.


[&1573]
D.R. 352/2004. 

ART. 17. Reformado. D.R. 255/2013, art. 10. Aprobación de proyectos.— Los proyectos cinematográficos susceptibles de ser beneficiarios de donaciones o inversiones, que den derecho a la deducción tributaria prevista en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, modificado por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012, deberán ser previamente aprobados por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía de conformidad con el procedimiento que este establezca y con los siguientes criterios mínimos: 

 

1. Viabilidad técnica del proyecto. 

 

2. Viabilidad del presupuesto. 

 

3. Consistencia del presupuesto con el proyecto. 

 

4. Racionalidad en la definición y la ejecución del presupuesto. No se aceptarán gastos suntuarios o que no correspondan a condiciones del mercado. 

 

5. El productor deberá entregar a la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura una copia del proyecto completo. 

 

6. Cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 43 y 44 de la Ley 397 de 1997, el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica, o por las normas que las sustituyan o modifiquen, para ser considerados como producción o coproducción cinematográfica nacional. 

 

7. El productor deberá presentar los demás documentos y acreditaciones que defina el Ministerio de Cultura. 

 

PAR. 1º—En los casos en que la Dirección de Cinematografía lo considere pertinente, podrá solicitar información que permita hacer un análisis de viabilidad financiera. 

 

PAR. 2º—La aprobación de que trata el presente artículo se hará mediante resolución motivada previa a la realización de la respectiva donación o inversión, la cual se denominará resolución de reconocimiento como proyecto nacional. El Ministerio de Cultura establecerá mediante acto administrativo de carácter general los procedimientos y requisitos necesarios para expedir el reconocimiento como Proyecto Nacional. 

 

PAR. 3º—El presupuesto que se aprueba en la resolución de reconocimiento como proyecto nacional indica con exclusividad el monto máximo de inversiones o donaciones que puede recibir el proyecto cinematográfico bajo el amparo de la deducción tributaria establecida en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, modificado por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012, según los topes de presupuesto o los cupos anuales definidos por el Ministerio de Cultura. 

 

La resolución de reconocimiento como proyecto nacional no constituye en ningún caso una garantía de recuperación de inversiones u obtención de utilidades para los inversionistas, ni un pronóstico de éxito para productores, inversionistas o donantes. Las negociaciones de inversiones o donaciones son de exclusiva responsabilidad y decisión entre productores, inversionistas o donantes.


[&1574]
D.R. 352/2004. 

ART. 18. Reformado. D.R. 255/2013, art. 11. Requisitos mínimos para la expedición del certificado de inversión o donación cinematográfica.— Para la expedición del certificado de inversión o donación cinematográfica, deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

1. El proyecto debe haberse aprobado de conformidad con lo señalado en el artículo anterior.

 

2. La inversión o donación debe realizarse en dinero.

 

3. El plazo para la ejecución del proyecto no podrá ser superior a tres (3) años, contados a partir de la expedición de la resolución de reconocimiento como proyecto nacional.

 

4. La inversión o donación deberá manejarse a través de un encargo fiduciario o patrimonio autónomo, constituido dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la donación o inversión, en una entidad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los planes de desembolso responderán a los procedimientos y requisitos que fije la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.

 

5. Copia del contrato suscrito con la entidad fiduciaria.

 

6. Certificación expedida por la entidad fiduciaria, en la que conste el ingreso de la inversión o donación al proyecto y su destinación y ejecución total en el mismo, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Dirección de Cinematografía en la resolución de reconocimiento como proyecto nacional, y las demás condiciones que estipule el Ministerio de Cultura.

 

7. Declaración juramentada del productor del proyecto cinematográfico de que el donante o inversionista no tiene la calidad de productor o coproductor del proyecto.

 

PAR. 1º—La Dirección de Cinematografía podrá requerir documentación adicional relacionada con el productor, el proyecto, los inversionistas o donantes, la gestión de los recursos y el negocio fiduciario.

 

PAR. 2º—La Dirección de Cinematografía podrá prorrogar el plazo de ejecución de un proyecto nacional que haya recibido inversiones y/o donaciones hasta por dos (2) años más, en casos excepcionales siempre y cuando haya terminado rodaje.

 

Una vez transcurridos seis (6) meses desde el estreno de una película que haya sido reconocida como proyecto nacional, no podrá solicitarse la certificación de inversiones ni donaciones que den derecho al beneficio tributario, aunque esté dentro de los tres (3) años de ejecución de la resolución de reconocimiento como proyecto nacional.

 

PAR. 3º—En la ejecución de los recursos relativos a las inversiones o donaciones de que trata este artículo, la adquisición de activos fijos cuyo uso no se agote en la película no dará lugar al uso de la deducción tributaria, ni podrán ser adquiridos con cargo a los recursos de la fiducia creada para el desarrollo del proyecto cinematográfico.


[&1575]
D.R. 352/2004. 

ART. 19. Reformado. D.R. 255/2013, art. 12. Contenido de los certificados de donación o inversión cinematográfica.— Los certificados de donación o inversión cinematográfica son documentos expedidos por el Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía, que contendrán la siguiente información:

 

1. Título del proyecto cinematográfico beneficiario de la donación o inversión.

 

2. Carácter del aporte (donación o inversión).

 

3. Fecha de la realización de la donación o inversión, la cual será la fecha de depósito del dinero en la entidad fiduciaria luego de expedida la resolución de reconocimiento como proyecto nacional. Esta fecha corresponde al año fiscal sobre el cual es aplicable la deducción tributaria prevista en artículo 16 de la Ley 814 de 2003, modificado por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012.

 

4. Monto de la donación o inversión.

 

5. Identificación de la resolución de reconocimiento como proyecto nacional del proyecto cinematográfico beneficiario de la donación o inversión.

 

6. Nombre de la entidad fiduciaria y NIT.

 

7. Nombres y apellidos o razón social de los productores o coproductores del proyecto cinematográfico y números de cédula de ciudadanía o NIT.

 

8. Nombres y apellidos o razón social del donante o inversionista y número de cédula de ciudadanía o NIT.


[&1576]
D.R. 352/2004 

ART. 20. Reformado. D.R. 255/2013, art. 13. Términos para la expedición de certificados de donación o inversión cinematográfica.— La Dirección de Cinematografía expedirá y entregará el respectivo certificado de donación o inversión cinematográfica dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, para montos de inversión o donación no mayores de 530 S.M.L.M.V., en preproducción y promoción o montos mayores ejecutados en posproducción y/o promoción. Para montos mayores a 530 S.M.L.M.V., ejecutados en preproducción y/o producción, el término para la expedición de los certificados de donación o inversión es de veinte (20) días hábiles.

 

El trámite de solicitud de certificados de inversión o donación debe realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses después de concluida la ejecución de la respectiva inversión o donación.

 

PAR.—La Dirección de Cinematografía informará trimestralmente a la Dirección de Gestión de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o la dependencia que haga sus veces, el número de certificados de inversión o donación expedidos en el respectivo trimestre, con la información a que se refiere el artículo 19 del Decreto 352 de 2004, en relación con cada uno de los certificados expedidos. Esta información deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente a la culminación de cada trimestre.

 

Los trimestres a los que se refiere este parágrafo son enero-marzo; abril-junio; julio-septiembre; octubre-diciembre.


[&1576-1]
D.R. 255/2013 

 ART. 14. Certificados de inversión cinematográfica.— Los certificados de inversión cinematográfica son títulos negociables a la orden. Estos certificados son títulos representativos del derecho a usar la deducción tributaria prevista en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, modificado por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012 y en ningún caso transfieren la titularidad de la inversión realizada. (&1571).


[&1577]
OPINIÓN DE LA DIAN - La limitación consagrada en el artículo 125 del Estatuto Tributario se aplica únicamente a la deducción por donación a proyectos cinematográficos. La deducción por inversión en estos mismos proyectos no tiene limitación alguna.— 

“(...) Es evidente que la deducción se concede por dos hechos económicos de naturaleza diferente, como son:

 

1. La donación a proyectos cinematográficos de producción o coproducción colombianas de largometraje o cortometraje aprobado por el Ministerio de Cultura, y

 

2. La inversión en estos mismos proyectos.

 

En el primero hay transferencia de dominio a título gratuito, mientras que en el segundo se da un negocio jurídico de disposición del bien o activo sin que se transfiera la propiedad; negocios jurídicos diferentes con consecuencias tributarias igualmente distintas, a saber:

 

Los requisitos generales para la procedencia de la deducción por donaciones se encuentran regulados en los artículos 125 y siguientes del Estatuto Tributario, la deducción por inversión no tiene regulación de carácter general, razón por la cual los requisitos para su procedencia los establece la norma que crea dicha deducción.

(...)

 

En este orden de ideas, en el caso de donación a los proyectos cinematográficos, el contribuyente que realizó la donación puede deducir el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor donado, siempre y cuando dicho valor no supere el treinta por ciento (30%) de la renta líquida determinada antes de restar el valor de la donación, siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos por la Ley 814 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

 

En relación con la deducción por inversión en los proyectos cinematográficos consagrada en el mismo artículo 17 de la Ley 814 de 2003, el Estatuto Tributario no contempla limitación diferente a la consagrada en el artículo 17 de la mencionada ley, razón por la cual, la deducción por inversión en proyectos cinematográficos de producción o coproducción colombianas de largometraje o cortometraje aprobados por el Ministerio de Cultura, es del ciento veinticinco por ciento (125%) del valor de la inversión, si se cumplen los requisitos previstos por la ley.

 

Se observa que el beneficio tributario contenido en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, de acuerdo con lo señalado en forma expresa, debe ser reglamentado en las condiciones, términos y requisitos que se establezcan mediante decreto, por tanto el mismo no puede ser utilizado por los contribuyentes del impuesto de renta hasta tanto no se profiera la normatividad correspondiente”. (DIAN, Conc. 081322, dic. 23/2003. Promulgado Diario Oficial No. 45.422 del 06 de enero de 2004)

081322


[&1578]
OPINIÓN DE LA DIAN - Las inversiones y donaciones en producción cinematográfica no constituyen ingreso para el productor.— 

“(...) De lo anterior podemos concluir que el productor (persona natural o jurídica) como agente de la industria cinematográfica, es el encargado - responsable - de la ejecución del proyecto cinematográfico, propietario de los derechos por la exhibición de la película, y la persona a quién le corresponde recibir y constituir con las sumas entregadas en dinero a título de inversión o donación, un encargo fiduciario o patrimonio autónomo a nombre del proyecto cinematográfico, dentro de los términos señalados en la ley. Tales sumas no constituyen ingresos para el productor, en la medida en que no ingresan a su patrimonio y no producen un incremento neto del mismo, por el contrario conforman el encargo fiduciario o patrimonio autónomo, del cual es beneficiario el proyecto cinematográfico. En razón a que el proyecto cinematográfico a cuyo nombre se ha constituido el encargo fiduciario o patrimonio autónomo no es sujeto de obligaciones tributarias, la sociedad fiduciaria encargada de la administración del mismo, deberá cumplir con el deber de declarar el patrimonio autónomo a su cargo, y cumplir con las demás obligaciones formales en su calidad de contribuyentes, responsables o agentes de retención, de conformidad con lo señalado en el artículo 102 del Estatuto Tributario y el artículo 5 del Decreto 3805 de 2003.

 

Una vez ejecutado el proyecto cinematográfico, las utilidades generadas por la exhibición de la obra cinematográfica, constituyen ingresos gravables a título de renta para el productor de la misma. Igualmente, si hubo participación en calidad de inversión, la utilidad generada en la proporción que corresponda, constituye ingreso gravable para el inversionista (...)”. (DIAN, Conc. 30787, mayo 19/2004)

30787


[&1579]
L. 814/2003. 

ART. 13. Carácter de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico.La Cuota para el Desarrollo Cinematográfico prevista en esta ley, será tratada como costo deducible en la determinación de la renta del contribuyente de conformidad con las disposiciones sobre la materia.

 

 


Base de aportes para el trabajador independiente: deducibilidad
[&1585]
D.R. 510/2003. 

ART. 1°.— De conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003, las personas naturales que prestan directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, deberán estar afiliados al Sistema General de Pensiones y su cotización deberá corresponder a los ingresos que efectivamente perciba el afiliado. Para este propósito, él mismo deberá declarar en el formato que para tal efecto establezca la Superintendencia Bancaria, ante la administradora a la cual se afilie, el monto de los ingresos que efectivamente percibe, manifestación que se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento.

 

El afiliado deberá actualizar dicha información, cuando se produzcan cambios significativos en sus ingresos, es decir, en más del 20%, respecto de su declaración inicial y, en todo caso (sic), por lo menos una vez al año dentro de los dos primeras meses.

 

Lo anterior, se efectuará sin perjuicio, de que se realicen los descuentos directos que establezca el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003 y así mismo, de que cuando se realicen los cruces de información previstos por el literal f) del parágrafo 1° de dicho artículo y se establezca que los aportes realizados son inferiores a los debidos, el afiliado deba realizar los aportes correspondientes.

 

PAR.— Se entiende por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario. (&1548)


Gastos de administración sobre bienes recibidos en dación en pago
[&1592]
L. 788/2002. 

ART. 87. (…)

PAR.— Las expensas efectuadas por las Instituciones sometidas a la vigilancia de la superintendencia Bancaria con ocasión del recibo, administración, sostenimiento y enajenación de bienes inmuebles recibidos en dación de pago tienen relación de causalidad con las actividades productoras de renta de tales instituciones, y por ende, son de (sic) deducibles.


Paz y Salvo de la Cuota de Fomento Hortifrutícola
[&1598]
L. 118/1994. 

ART. 18.— Para que las personas naturales o jurídicas obligadas a recaudar la Cuota de Fomento Hortifrutícola, tengan derecho a que les acepte como costos deducibles el valor de las compras o la producción propias de frutas y hortalizas durante el respectivo ejercicio gravable, deberán acompañar a su declaración de renta y patrimonio un certificado de paz y salvo por concepto de lo recaudado, expedido por el respectivo ente administrador.


Deducciones para las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte
[&1601]
D.R. 1797/2008. 

ART. 3. Erogaciones.— Las erogaciones que realicen las entidades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto* con cargo a sus propios recursos, como consecuencia del incumplimiento de alguna de las partes respecto de las cuales la entidad se haya constituido como contraparte central, serán deducibles para esta última en el mismo período en que sean realizadas. Sin embargo, si como consecuencia de la ejecución de las garantías o del resultado de acciones legales o contractuales la entidad recupera en todo o en parte los recursos que hubiere destinado a cubrir el incumplimiento, tales sumas tendrán el carácter, para efectos tributarios, de ingreso del período o de ingreso por recuperación de deducciones, según sea el caso. (&0611)

 

NOTA *: Las entidades a las que se refiere el art. 1° del D.R. 1797, son las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte constituidas de conformidad con la Ley 964 de 2005.


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