ESTATUTO TRIBUTARIO > LIBRO PRIMERO > TÍTULO I > Capítulo VII — Rentas exentas > Rentas de trabajo exentas.—
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CAPÍTULO VII
Rentas exentas de trabajo
 

ART.206. | Rentas de trabajo exentas.— [&2790]

Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes:

 

1. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad.

 

2. Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad.

 

3. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador.

 

4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean recibidas por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los seis (6) últimos meses de vinculación laboral  no exceda de (hoy 350 UVT). Cuando el salario  mensual promedio a que se refiere este numeral exceda de (hoy 350 UVT), la parte no gravada se determinará así:

 

Salario mensual                        promedio      

Parte  no Gravada  
Entre 350 UVT y 410 UVT 90%
Entre 410 UVT y 470 UVT 80%
Entre 470 UVT y 530 UVT    60%
Ente 530 UVT y 590 UVT     40%
Entre 590 UVT y 650 UVT  20%
De 650 UVT en  adelante     0%

   

5.  Reformado. L. 223/95, art. 96. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, hasta el año gravable de 1997. A partir del 1º de enero de 1998 estarán gravadas sólo en la parte del pago mensual que exceda de (hoy 1.000 UVT).

 

El mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, el valor exonerado del impuesto será el que resulte de multiplicar la suma equivalente a (hoy 1.000 UVT), calculados al momento de recibir la indemnización, por el número de meses a los cuales ésta corresponda.

 

6. El seguro por muerte, y las compensaciones por muerte de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional.

 

7. Inexequible, sentencia C-1060A/2001, M.P. Lucy Cruz de Quiñones. *

 

En el caso de los magistrados de los tribunales y de sus fiscales, se considerará como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario. Para los jueces de la República el porcentaje exento será del veinticinco por ciento (25%) sobre su salario.

 

En el caso de los rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de representación no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) de su salario.

 

8. El exceso del salario básico percibido por los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional y de los agentes de esta última.

 

9. Para los ciudadanos colombianos que integran las reservas de oficiales de primera y segunda clase de la fuerza aérea, mientras ejerzan actividades de piloto, navegante o ingeniero de vuelo, en empresas aéreas nacionales de transporte público y de trabajos aéreos especiales, solamente constituye renta gravable el sueldo que perciban de las respectivas empresas, con exclusión de las primas, bonificaciones, horas extras y demás complementos salariales.

 

10. Reformado. L. 1607/2012, art. 6.— El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a doscientas cuarenta (240) UVT. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a la establecida en el presente numeral.**

 

PAR. 1º. Reformado. L. 223/95, art. 96.— La exención prevista en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 6º de este artículo, opera únicamente sobre los valores que correspondan al mínimo legal de que tratan las normas laborales; el excedente no está exento del impuesto de renta y complementarios.

 

PAR. 2º. Agregado. L. 223/95, art. 96.— La exención prevista en el numeral 10 no se otorgará sobre las cesantías, sobre la porción de los ingresos excluida o exonerada del impuesto de renta por otras disposiciones, ni sobre la parte gravable de las pensiones. La exención del factor prestacional a que se refiere el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 queda sustituida por lo previsto en este numeral.

 

PAR. 3º.  Agregado. L. 223/95, art. 96.— Para tener derecho a la exención consagrada en el numeral 5º de este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a la pensión,  de acuerdo con la ley  100 de 1993. (&18728)


:: CONCORDANCIAS

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NOTA:  

*: Este numeral declarado inexequible consagraba: “Los gastos de representación que perciban en razón a la naturaleza de las funciones que desempeñan el Presidente de la República, los ministros del despacho, los senadores, representantes y diputados, los magistrados de la rama jurisdiccional del poder público y sus fiscales, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil, los jefes de departamento administrativo, los superintendentes, los gobernadores y secretarios departamentales de gobernaciones, los contralores departamentales, los alcaldes y secretarios de alcaldías de ciudades capitales de departamento, (....)** y los rectores y profesores de universidades oficiales. Agregado. L. 488/98, art. 20. Secretarios generales, subsecretarios generales y secretarios generales de las comisiones constitucionales y legales del Congreso de la República. 

En este caso se consideran gastos de representación el cincuenta por ciento (50%) de sus salarios”.

 

**: El nuevo numeral 10. del art. 206 del E.T., conserva el límite  que la norma anterior  establecía, pero la diferencia  radica, i) Los aportes  voluntarios del empleador, empleado o aportante  eran no constitutivos de renta ni ganancia ocasional; y, ii) Esta renta exenta se aplicaba sin tener en cuenta las deducciones. Por último, tenga presente que esta nueva  disposición  rige para el período gravable de 2013 y siguientes. Al período 2012 se le aplicará  la norma sustituida.


[&2791]
OPINIÓN DE LA DIAN - Las incapacidades por maternidad no son exentas.—  

"El Código Laboral, se refiere a la incapacidad por maternidad, cuando en el artículo 236 señala que “toda persona en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de doce (12) semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso”. La incapacidad se refiere a la “licencia remunerada”, pero no a la indemnización misma de que trata el numeral 3º del artículo 239 del citado ordenamiento legal, el cual es exento según el numeral 3º del artículo 206 del estatuto tributario.

 

(...) Tenemos entonces que, las incapacidades por maternidad no son rentas de trabajo exentas, el concepto que se considera exento, son las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad es decir aquéllas que se pagan a la trabajadora embarazada por el despido sin la autorización de la autoridad competente". (DIAN, Conc. 64618, jul. 15/1999)

64418


[&2791-1]
OPINIÓN DE LA DIAN - No está sometido a retención en la fuente el pago por incapacidad general reconocido a un empleado a través de una EPS.— 

"A la luz del numeral 1o del artículo 206 del Estatuto Tributario, se encuentran exentos del impuesto sobre la renta, los pagos que correspondan a indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, en virtud de lo cual, los ingresos de los empleados originados en incapacidades por enfermedad general reconocidos por las EPS, no se encuentran sometidos a retención en la fuente." (DIAN, Oficio No. 012642, dic. 15/2008).


[&2792]
D.R. 379/2007. 

ART 4°. Valores absolutos reexpresados en UVT para rentas exentas por auxilio de cesantía e intereses sobre cesantías.— Para efectos de la reexpresión en Unidades de Valor Tributario, UVT, de los valores a que se refiere el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006, respecto de la exención del impuesto sobre la renta del auxilio de cesantía e intereses sobre cesantías contenida en el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario, deberán tenerse en cuenta los siguientes:

 

ART.206 Estatuto Tributario

NUMERAL 4

 

El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean recibidas por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los seis (6) últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 UVT.

 

Cuando el salario mensual promedio a que se refiere este numeral exceda de   350 UVT la  parte no gravada se determinará así:

 

Salario mensual promedio en UVT parte no gravada

Mayor de 350 UVT hasta 410 UVT                                                                                             el 90%

Mayor de 410 UVT hasta 470 UVT                                                                                             el 80%

Mayor de 470 UVT hasta 530 UVT                                                                                             el 60%

Mayor de 530 UVT hasta 590 UVT                                                                                             el 40%

Mayor de 590 UVT hasta 650 UVT                                                                                             el 20%

Mayor de 650 UVT en adelante                                                                                                  el 0%


[&2793]
D.R. 400/1987. 

ART. 18.— Para efectos de determinar la base gravable en el caso del auxilio de cesantía, no se tomará en cuenta el monto acumulado de las cesantías causadas a 31 de diciembre de 1985, por el patrono o empleador, a favor del trabajador.


[&2794]
OPINIÓN DE LA DIAN - Ingreso laboral que se debe tener en cuenta para calcular la parte exenta de las cesantías e intereses a las cesantías.—  

“(…) Para efectos tributarios debe tenerse presente que en principio y por regla general será el salario la base sobre la cual se liquiden las cesantías y el porcentaje de exención de las mismas. Sin embargo, en los casos en que por convención o acuerdo particular se incluyan otros valores dentro de la base para liquidarla estos deberán formar parte igualmente de la base para calcular el ingreso promedio y establecer el porcentaje de exención de la misma, sin consideración a si estos son gravados o no en forma independiente, pues la norma no estableció tal distinción.

 

La tesis propuesta se fundamenta en que la norma tributaria tiene una definición de ingreso laboral propia, que es más amplia que la definición de salario del Código Sustantivo del Trabajo; esta atiende a la fuente del ingreso (relación laboral, legal o reglamentaria) y al concepto de enriquecimiento (arts. 26 y 103 del Estatuto Tributario).

 

Por otra parte, los principios de equidad y proporcionalidad indican que debe existir uniformidad en la aplicación de los procedimientos de liquidación de la prestación y de la exención, para asegurar que quien reciba un mayor ingreso laboral (cesantía), por la incorporación de conceptos diferentes al salario en su liquidación, tribute en esa misma proporción; la manera idónea, es incluir esos mismos valores en la base de liquidación para determinar la parte exenta, puesto que al incrementar la base, disminuye el porcentaje de exención, y en consecuencia quien perciba una mayor cesantía tributará más, que es el objetivo del numeral 4 artículo 206 del Estatuto Tributario.

 

Por las razones expuestas, se revoca el Concepto 0071119 del 1° de febrero de 1999.

 

En cuanto a la solicitud de revocatoria del Concepto 11718 del 11 de febrero de 2000, consideramos que no es correcta la interpretación que se hace de él, al concluir que está transgrediendo el artículo 206 del Estatuto Tributario por incluir ingresos laborales recibidos por el tra bajador con posterioridad a la desvinculación de la empresa. El concepto ratifica que la liquidación de cesantías definitivas se calcula sobre el ingreso mensual promedio recibido durante los 6 meses de vinculación laboral, que es la conclusión aquí expuesta; hecho que en nada se afecta cuando el pago es posterior a la desvinculación del trabajador, puesto que la normatividad aplicable en materia sustancial es la vigente en el período en el cual se adquirió el derecho, independientemente de que su reconocimiento y aun su pago efectivo ocurran con posterioridad, por tanto no se accede a tal petición”. (DIAN, Conc. 017602, mar. 31/2005. Promulgado Diario Oficial No. 45.877 del 12 de abril de 2005)

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[&2795]
JURISPRUDENCIA - Las pensiones anticipadas no hacen parte del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, en consecuencia están gravadas con el impuesto sobre la renta.—  

"(...) Conforme al artículo 206 del Estatuto Tributario la exención del impuesto sobre la renta opera únicamente respecto de las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y de riesgos profesionales, cuando éstas se han obtenido cumpliendo los requisitos para acceder a dicho beneficio establecido en la Ley 100 de 1993. (…)

 

Ahora bien, las pensiones anticipadas a que se refiere el concepto demandado, son aquellas que se reconocen a los trabajadores que no cumplen los requisitos para acceder a la pensión legal.

 

Estas pensiones no son equivalentes a las extralegales, puesto que hacen parte de los "planes de retiro voluntario" y tienen el carácter de indemnizatorias, dado que se ofrecen a los trabajadores que no cumplen con los requisitos para acceder a la pensión legal y que voluntariamente se acogen al plan con el fin de dar por terminado el contrato laboral.

 

Las pensiones anticipadas se otorgan de manera temporal y no vitalicia, puesto que la obligación pensional a cargo del empleador cesa en el momento en que la entidad de seguridad social asume de manera definitiva la pensión legal.

 

En consecuencia, las pensiones anticipadas que se otorgan en virtud de planes de retiro no hacen parte del Sistema General de Pensiones, pues contrario a lo señalado por el accionante, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003 no se refiere a esa categoría de pensiones, sino a la posibilidad que consagra el artículo 62 de la misma Ley, el cual permite el retiro anticipado del trabajador, por incrementar voluntariamente el valor de las cotizaciones. (…)

 

De conformidad con lo anterior, si bien el "retiro anticipado" da la posibilidad al trabajador de obtener una pensión anticipada, su reconocimiento lo da directamente la ley sin necesidad de que exista de por  medio un plan de retiro anticipado.

 

En consecuencia, al no hacer parte las pensiones obtenidas a través de planes de retiro anticipado del sistema general de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, son objeto de gravamen tributario, así mismo de las respectivas retenciones en la fuente en los términos legales. Por ello, la Administración al expedir el concepto demandado no se extralimitó en el ejercicio de sus funciones ni mucho menos vulneró el principio de igualdad, pues el beneficio está dirigido a un grupo poblacional que se distingue por tener unas condiciones especiales que son haber cumplido con una edad y un tiempo de cotización.

 

En conclusión, el Concepto No. 53001.19 (26979) de mayo 11 de 2005, mediante el cual se confirmó la posición de la Administración respecto de las pensiones anticipadas, no contradice ni excede los términos de las normas superiores en que se fundamenta la tesis jurídica propuesta, por lo que debe reconocerse ajustado a derecho. (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Ligia López Díaz, sentencia de septiembre 26/2007, Exp. 15876)

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[&2796]
OPINIÓN DE LA DIAN - Cualquier pago que se realice por fuera de los parámetros previstos en la Ley 100 de 2003, sus regímenes exceptuados y los pactos, convenciones o laudos arbitrales, independientemente de la denominación que se le dé, se encuentran sujetos a retención en la fuente.—  

“De la lectura del numeral y parágrafo anterior, se determina que la norma excluyó del tributo, bajo ciertas limitaciones, a las pensiones de jubilación o vejez, invalidez, de sobrevivientes de riegos profesionales, al igual que las indemnizaciones sustitutivas de pensiones y las devoluciones de saldos de ahorro pensional, siempre y cuando se cumpla con los requisitos necesarios para acceder a la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993. (...)

 

Por lo anterior, se puede establecer que hacen parte del Sistema General de Pensiones no solamente las pensiones reconocidas expresamente por la Ley 100 de 1993 y las reconocidas en regímenes expresamente exceptuados de la misma, sino también aquellas producto de convenciones colectivas, pactos o laudos arbitrales, válidamente celebrados, en cuanto que al tenor de las disposiciones transcritas estas forman parte del sistema, siempre y cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos que la misma ley prevé, por cuanto en aplicación del principio de universalidad no es posible pactar pensiones de jubilación por fuera del sistema.

 

A partir de la Ley 100 de 1993, salvo lo previsto en convenciones, pactos o laudos arbitrales, se tiene derecho a esta prestación vitalicia y periódica a través de los regímenes de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad, una vez cumplidos cada uno de los requisitos para acceder a ella. En el primero, se prevé la edad mínima de 60 años si es hombre o 55 para las mujeres (hasta el año 2004, fecha en que aumenta la edad), además de haber cotizado un mínimo de semanas establecido por la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

 

Ahora bien, respecto del término «jubilación anticipada», tantas veces utilizados por el consultante, se debe anotar que de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia dicha expresión tiene al menos cuatro acepciones diferentes, que inciden necesariamente en el régimen tributario aplicable sobre las sumas percibidas por los beneficiarios:

 

- Se denomina como «jubilación anticipada» aquellas sumas percibidas por los aportantes al régimen de ahorro individual con solidaridad del Sistema General de Pensiones en Seguridad Social, según el cual, los afiliados al mismo tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

 

- Una segunda acepción corresponde a aquellos eventos en los cuales la misma ley ha previsto tratamientos exceptivos para el reconocimiento de la pensión por jubilación teniendo en cuenta las actividades que realizan los trabajadores de determinados sectores económicos, como es el caso de las personas que laboran en actividades de alto riesgo. (v.g. Decreto-ley 2090 de 2003).

 

- Una tercera acepción corresponde a las llamadas pensiones extralegales, que según el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990 - ISS, son aquellas otorgadas por entidades públicas o privadas en virtud de convención colectiva, pacto colectivo o laudo arbitral.

 

En el caso de la pensión voluntaria, la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, adoptada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la ha definido así:

 

«5.4. Asimismo, se admitió la existencia de la pensión de carácter voluntario, definida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral (sentencias de la Sección Primera de abril 2 de 1986, septiembre 30 de 1987 y diciembre 5 de 1991, entre otras) como aquella que puede reconocer el patrono al trabajador, cuando este no tiene los requisitos para la pensión legal, condicionada o no a la ocurrencia de un evento. Evento que generalmente consiste en el reconocimiento por parte de la entidad de seguridad social de la pensión de vejez». (Corte Constitucional Sentencia T-466 de Junio 16 de 1999).

 

En estos casos, en tanto corresponden a las diversas posibilidades previstas en la ley para acceder a la pensión, el tratamiento consagrado en el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario aplicaría, siempre y cuando se cumpla con los requisitos para acceder a la pensión.

 

- Una cuarta acepción se relaciona con planes de retiro de empleados mediante los cuales se indemniza a quienes se acojan al ofrecimiento hecho por el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo y los pagos que se efectúen mientras las entidades encargadas de la seguridad social en pensiones reconocen la prestación correspondiente de que trata el Sistema General de Pensiones. Estos pagos o «pensiones» provienen de la decisión unilateral del empleador.

 

Cuando se presenta esta última situación, se considera que no es procedente la aplicación de la exención consagrada en el artículo 206, numeral 5 del Estatuto Tributario, por cuanto se trata de pensiones no reconocidas en los términos de la Ley 100 de 1993, ni de los pactos, convenciones o laudos que la misma ley autoriza, en concordancia con el parágrafo 3º del mismo artículo. Cabe anotar que si es del caso, el empleador o la entidad pensional que haya asumido el pago de estas pensiones debe actuar como agente de retención por concepto de pagos laborales sobre los valores reconocidos y pagados, teniendo en cuenta los meses a que corresponde y el monto exento.

 

Teniendo en cuenta las diferentes acepciones del término «jubilación anticipada», se observa que solamente aquellas que legalmente son reconocidas por el Sistema General de Pensiones, los regímenes exceptuados y los pactos, convenciones o laudos autorizados en la misma, se encuentran exentas del impuesto sobre la renta y complementarios hasta por el tope establecido en la ley, en consideración a que la aplicación de los tratamientos exceptivos en materia tributaria son restrictivos y que los acuerdos entre particulares no son oponibles al fisco.

 

Por lo expuesto, cualquier pago que se realice por fuera de los parámetros previstos en la Ley 100 de 2003, sus regímenes exceptuados y los pactos, convenciones o laudos arbitrales, independientemente de la denominación que se le dé, se encuentran sujetos a retención en la fuente como ingresos de origen laboral, para lo cual se debe dar aplicación a los procedimientos señalados en los artículos 385 y 386 del Estatuto Tributario.

 

En los anteriores términos, se aclara el Concepto número 063060 del 12 de agosto de 1998 y se revoca el Concepto número 060364 del 22 de septiembre de 2003”. (DIAN, Conc., 089507, dic. 22/04. Promulgado Diario Oficial No. 45.781 del 04 de enero de 2005)

089507


[&2797]
OPINIÓN DE LA DIAN - Para efectos fiscales, la pensión de vejez es renta exenta cuando el beneficiario cumple los requisitos necesarios para acceder a la pensión de acuerdo con lo señalado en la Ley 100 de 1993.—  

“(…) El parágrafo 3° del mismo artículo ordena de manera inequívoca que para tener derecho a la exención, el contribuyente debe cumplir con los requisitos necesarios para acceder a la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993.

 

El anterior parágrafo fue también adicionado por el texto del artículo 96 de la Ley 223 de 1995, "por la cual se expiden las normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones", advirtiéndose que esta disposición fue expedida con posterioridad a la Ley 100 de 1993. En los fundamentos que se presentaron en la Exposición de Motivos del proyecto de ley (Art. 103 del proyecto), se señaló: "Rentas de Trabajo Exentas. Se propone una exención general sobre ingresos laborales del 30%, otorgando a los trabajadores del régimen tradicional el mismo tratamiento que tienen los del salario integral. Crea una exención del 50% sobre las indemnizaciones por despido injustificado, para establecer equidad entre trabajadores declarantes y no declarantes. Incorpora el mismo régimen de pensiones contenido en la Ley de Seguridad Social".

 

Pues bien, examinado el contenido de la exposición de motivos del proyecto de ley citado, se encuentra que con la propuesta de adición se pretendía precisar que las pensiones exentas son las que se reconocen de acuerdo con el Sistema General de Pensiones, esto es, las que se otorgan en concordancia con la Ley 100 de 1993, evidenciándose así el sentido de la norma. (…)

 

Ahora bien, atendiendo lo señalado en el Concepto 03310 del 13 de marzo de 2005, expedido por la Oficina Asesora Jurídica y Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social "Las categorías existentes en materia pensional pueden ser clasificadas en legales, extralegales y pensiones voluntarias".

 

Las pensiones legales son aquellas reconocidas por el Sistema General de Pensiones en su calidad de pensión de vejez, sobrevivientes e invalidez, de conformidad con los requisitos señalados para cada una de ellas en la Ley 100 de 1993 y en los regímenes exceptuados expresamente de la misma de acuerdo con el artículo 279 de la mencionada ley. Por su parte, las pensiones de naturaleza extralegal son aquellas reconocidas en pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo, las cuales constituyen una verdadera ley para las partes y su negociación se encuentra amparada en la Constitución Política, en la ley laboral y en el artículo 11 de la misma Ley 100 de 1993. Por último, las pensiones voluntarias se encuentran por fuera del Sistema General de Pensiones, y son reconocidas por la mera liberalidad del empleador, cuando el trabajador no cumple con los requisitos para acceder a la pensión legal; en tal sentido, es claro que las pensiones voluntarias no son pensiones reconocidas de acuerdo con la Ley 100 de 1993.

 

Es por esto que en el concepto que hoy se revisa, teniendo en cuenta lo consagrado en los artículos 11 de la Ley 100 de 1993, tal como fue modificado por el artículo 1º de la Ley 797 de 2003, y el artículo 283 de la misma Ley 100 de 1993, se afirma que, siempre y cuando, se verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley de Seguridad Social, hacen parte del Sistema General de Pensiones no solamente las pensiones reconocidas expresamente por la Ley 100 de 1993 y los regímenes expresamente exceptuados de la misma, sino también aquellas producto de pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo, válidamente celebrados. (...)

 

Igualmente, dentro del Sistema General de Pensiones, podemos hablar de otras pensiones que se conceden con requisitos inferiores a los establecidos en Régimen General de la Pensión de Vejez, tales como las de las personas que laboran en actividades de alto riesgo, pero tales pensiones son reconocidas por las administradoras del Régimen de Prima Media, de acuerdo con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

 

Así las cosas, este tipo de pensiones de naturaleza legal no puede asimilarse como lo hace el peticionario con las denominadas "pensiones voluntarias" reconocidas por el empleador sin el cumplimiento de los requisitos previstos en el Sistema General de Pensiones para tener derecho a la pensión. (…)

 

En estas condiciones, cuando se trate de "pensiones voluntarias" o "pensiones anticipadas" concedidas por el empleador, ofrecidas o no en planes de retiro, acuerdos entre las partes, conciliaciones, etc., y reconocidas por fuera del Sistema General de Pensiones, se confirma lo señalado en el Concepto 089507 de 2004 (diciembre 22) en el sentido de considerar que no es procedente la aplicación de la exención consagrada en el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario, por cuanto se trata de pensiones no reconocidas en los términos de la Ley 100 de 1993, ni en pactos, convenciones o acuerdos colectivos, conforme lo señala el parágrafo 3º del mismo artículo. En consecuencia, los pagos que se realicen se encuentran sometidos a retención en la fuente por concepto de pagos laborales.

 

Si bien es cierto, que las partes pueden denominar "pensión vitalicia de jubilación" a las pensiones voluntarias, estas no cumplen con los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, de acuerdo con lo señalado en la Ley 100 de 1993; razón por la cual, mientras no se verifiquen los presupuestos ordenados por la ley tributaria para la procedencia de la exención, no se puede acceder al tratamiento exceptivo.

 

(…) En los anteriores términos se confirma el Concepto 089507 de 2004”. (DIAN, Conc. 026979 may. 11/2005. Promulgado Diario Oficial No. 45.925 del 31 de mayo de 2005)

Ver texto completo


[&2798]
OPINIÓN DE LA DIAN - Las pensiones voluntarias percibidas por residente provenientes de compañías extranjeras sin domicilio en Colombia estarán gravadas con el impuesto sobre la renta 

“(…) En lo atinente a la responsabilidad fiscal generada por las pensiones voluntarias percibidas por una persona natural colombiana residente en el país provenientes de una compañía extranjera sin domicilio en Colombia, debe reiterarse que dichas personas naturales están sujetas al impuesto sobre la renta por sus ingresos constitutivos de renta y ganancia ocasional, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. En consecuencia, dicho pago constituye para su beneficiario un ingreso gravado con este impuesto en Colombia.

 
Al respecto debe tenerse en cuenta que las pensiones exentas del impuesto sobre la renta, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo 3º y numeral 5º del artículo 206 del Estatuto Tributario, hasta el límite allí señalado, son aquellas que cumplen los requisitos previstos en la ley de seguridad social (Ley 100 de 1993) y que como tal, sean reconocidas por el sistema General de Pensiones, como se indicó en el concepto Nº 061180 del 02 de septiembre de 2005, del cual se anexa fotocopia para su conocimiento.
 
Es procedente anotar que así eventualmente puedan calificarse los ingresos ya mencionados como de fuente extranjera, tal calificación resulta irrelevante al estar sometidas las personas naturales colombianas residentes en el país al impuesto sobre la renta por sus ingresos originados en Colombia como por aquellos originados en el exterior.
 
Debe señalarse que estos ingresos no están sometidos a retención en la fuente en el momento de la entrada de las divisas al país conforme con la Circular Nº 00004 del 14 de enero de 2004 ya referida.
 
En cuanto al riesgo que desde el punto fiscal asume una persona natural colombiana que adquiere pólizas de vida o planes de pensiones voluntarias futuras o planes de educación para los hijos contratados con empresas extranjeras sin domicilio en el país no autorizadas para operar en Colombia, debe anotarse que la competencia de este despacho se limita a señalar el tratamiento tributario de tales rentas como exentas o gravadas con el impuesto sobre la renta en el país en los términos ya expuestos.
 
En virtud de tal competencia es pertinente añadir que se deben cumplir las obligaciones fiscales establecidas en el Estatuto Tributario, como lo son, entre otras, declarar tales ingresos, liquidar y pagar los impuestos respectivos si a ello hay lugar, so pena de incurrir en las sanciones allí previstas.
 
En lo que respecta a la diferencia en el tratamiento tributario cuando las pólizas o planes de pensión se adquieren de compañías colombianas, se encuentran exentas del impuesto sobre la renta las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales que cumplan los requisitos previstos en la ley de seguridad social (Ley 100 de 1993) y, como tal, sean reconocidas por el sistema General de Pensiones, conforme con lo dispuesto en el numeral 5º y parágrafo 3º del artículo 206 del Estatuto Tributario, razón por la cual, las pensiones reconocidas por entidades extranjeras no gozan de este beneficio.
 
Por otro lado, el artículo 126-1 del Estatuto Tributario establece que los aportes voluntarios que haga el trabajador o el participe independiente a los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos privados de pensiones en general gozan de un beneficio fiscal consistente en que tales sumas no forman parte de la base para aplicar la retención en la fuente por ingresos laborales y son considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, hasta una suma que adicionada al valor de los aportes obligatorios del trabajador no exceda del 30% del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según el caso.
 
Como requisito para que proceda el beneficio aludido estos aportes deben permanecer en los fondos antes enumerados por el término de cinco (5) años salvo en el caso de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión o retiros destinados a la adquisición de vivienda (artículo 67 Ley 1111 de 2006).
 
Adicionalmente, este beneficio procede únicamente si los aportes se realizan a los fondos de pensiones de que trata la Ley 100 de 1993, a los fondos de pensiones del Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones ya los fondos privados de pensiones en general, cuando se cumple con los requisitos establecidos por el Decreto 841 de 1998 reglamentario del artículo 126-1 del Estatuto Tributario. Así las cosas, los aportes efectuados a fondos de pensiones en el exterior no cumplen los requisitos previstos en los artículos 14, 15 16, 17, 18 y siguientes del Decreto 841 de 1998, para efectos de las informaciones exigidas a los fondos, las cuentas de control y la retención en la fuente cuando hubiere lugar a ella.
 
En consecuencia, solo los aportes que se efectúan a fondos de pensión en el país gozan del beneficio fiscal antes referido, no así los que se realicen a fondos en el exterior.”. (DIAN, Conc. 016055 feb. 28/2007)

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[&2799]
D.L. 1295/1994. 

ART. 94. Tratamiento Tributario.— Estarán exentas del Impuesto sobre la renta y complementarios:
 
a. Las sumas pagadas por la cobertura de las contingencias del Sistema General de Riesgos Profesionales.
 
b. Las pensiones estarán exentas del impuesto sobre la renta.
 
Estarán exceptuados del impuesto a las ventas los servicios de seguros y reaseguros que prestan las compañías de seguros, para invalidez y sobrevivientes del Sistema General de Riesgos Profesionales, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
 
Estarán exentos del impuesto de timbre los actos o documentos relacionados con la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
 
PAR.— Los aportes que son en su totalidad a cargo del empleador, serán deducibles en su renta.


[&2800]
OPINIÓN DE LA DIAN - Las sumas que la ARP paga al beneficiario por las contingencias amparadas por el Sistema General de Riesgos Profesionales están exentas del impuesto sobre la renta.— 

“En el escrito de la referencia se solicita la rectificación tanto del concepto 075917 del 2010 como del oficio 022381 de 2011 para que, se señale que los beneficiarios de la exención establecida en el literal a) del artículo 94 del Decreto 1295 de 1994 son las Sociedades Administradoras de Riesgos Profesionales, pues son ellas quien obtienen el ingreso por las cotizaciones y a quienes les corresponde contratar y pagar las prestaciones correspondientes en los términos del artículo 5 ibídem. Igualmente, argumenta que la exención se predica del 94% del valor pagado por cotizaciones por los empleadores, para cubrir el riesgo de sus empleados, y que se destinan, por orden de la ley, a cubrir las contingencias derivadas de los riesgos profesionales.
 
(…)
 
Ahora bien, para mayor claridad sobre el alcance de la exención establecida en el literal a) del artículo 94 del Decreto 1295, se considera necesario precisar el contenido de los siguientes vocablos del mencionado decreto resaltados en negrillas:
 
"ARTICULO 19. DISTRIBUCIÓN DE COTIZACIONES. La cotización al Sistema General de Riesgos Profesionales se distribuirá de la siguiente manera:
 
a. El 94% para la cobertura de las contingencias derivadas (...)"
 
"ARTICULO 94. TRATAMIENTO TRIBUTARIO. Estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios.
 
a. Las sumas pagadas por la cobertura de las contingencias del Sistema General de Riesgos Profesionales.
 
Vocablos que, según el diccionario de la Lengua Española (http://buscon.rae.es/drael/) y en la acepción que corresponde en la norma, significan:
 
para: "1. prep. Denota el fin o término a que se encamina una acción."
 
por: "7. prep. Denota causa.
 
Así, el vocablo "para" está determinando que: el 94% de las sumas pagadas por los empleadores estará destinado para la cobertura de las contingencias; es decir que, de dichos dineros, las Administradoras de Riesgos Profesionales tomarán lo que corresponda para pagar o cubrir las contingencias a que haya lugar, bien por accidente de trabajo o por enfermedad profesional.
 
Lo anterior, sin que ello signifique que el valor total de ese porcentaje (94%) equivalga al valor total de las contingencias que deban ser reconocidas y pagadas en un año fiscal; las cuales, podrán ser superiores o inferiores al mismo.
 
Mientras el vocablo "por", en el contexto jurídico analizado, está indicando que la causa del pago realizado por la ARP será el reconocimiento de la ocurrencia de una de las contingencias amparadas por el Sistema General de Riesgos Profesionales.
 
Por lo que, unas serán las sumas que se pagan para la cobertura de las contingencias, y otras las que se pagan por las contingencias que presentan. Mientras las primeras estarán constituidas por el 94% del valor de la cotización pagada por el empleador a la ARP, las segundas será el valor pagado por la ARP al beneficiario.
 
Igualmente, en el primer caso, es decir cuando el empleador paga el valor de las cotizaciones para la cobertura de las contingencias, dicho pago, para el empleador constituye un gasto y para la ARP un ingreso; y en el segundo evento, es decir cuando la ARP paga al beneficiario las sumas que corresponda por la contingencia, dicho pago, constituirá para la ARP un gasto y para el beneficiario del pago un ingreso.
 
En virtud de lo anterior, y de conformidad con la regla de interpretación consagrada en el artículo 27 del Código Civil según la cual "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu", este despacho encuentra que el tanto el concepto 075917 de 2010 como el oficio 022381 de 2011 interpretan correctamente los preceptos normativos objeto de análisis, razón por la cual, se confirma que las sumas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, al tenor de lo previsto en el literal a) del artículo 94 del Decreto Ley 1295 de 1994, se circunscriben a las sumas pagadas por la Administradora de Riesgos Profesionales para atender las prestaciones económicas y de salud previstas en el mismo Decreto.” (DIAN, Conc. 98919, dic. 19/2011, Promulgado en el Diario Oficial No. 48.331 de 2 de febrero de 2012)

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[&2801]
JURISPRUDENCIA - El numeral 5° del artículo 206, con­tem­pla una garantía de forma amplia y generalizada que sólo deja por fuera aquellas pensiones que no estén contempladas por el sistema de seguridad social integral.—  

“(...) No obstante, muchos de estos otros grupos de pensionados, supuestamente excluidos, sí se encuentran contemplados por la exención consagrada en el parágrafo 3° del artículo 206 del Estatuto Tributario pues ésta cobija a todos los pensionados que pertenecen al Sistema de Seguridad Social Integral, es decir a todos aquellos que cumplen los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 para acceder, por ejemplo, a las i) pensiones legales: pensión de vejez; pensión de sobrevivientes; pensión de invalidez; ii) regímenes especiales; iii) pensiones de naturaleza extralegal: pactos; acuerdos; convenciones colectivas de acuerdo a la Ley 100 de 1993; iv) las pensiones establecidas en la ley 100 de 1993 como anticipadas o de retiro anticipado; v) pensiones de actividades de alto riesgo reconocidas por las administradoras del régimen de prima media de acuerdo a la Ley 100 de 1993. 

 

4.2.1. El artículo primero de la Ley 100 de 1993 consagra el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual tiene por objeto ‘garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. El Sistema de Seguridad Social Integral está compuesto a su vez por el Sistema general de pensiones (Libro I), el Sistema general de seguridad social en salud (Libro II), el Sistema general de riesgos profesionales (Libro III) y los Servicios sociales complementarios (Libro IV).

 

4.2.2. El texto legal demandado establece que "para tener derecho" a la exención al impuesto a la renta para las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales – salvo la parte del pago mensual que exceda de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales – y para las in­dem­ni­zaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional, ‘el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para ac­ceder a la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993”.

 

4.2.3. El artículo 11 de la Ley 100 de 1993 establece el campo de aplicación del Sistema general de pensiones. Señala que éste se ‘(…) aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o so­bre­vivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.’ La norma advierte además que, para efectos de la misma, ‘(…) se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo’ y que lo an­terior será ‘(…) sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes.(…).

 

4.2.6. Sin embargo, el parágrafo 1° del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 establece que ‘[l]a empresa y los servidores de que trata el inciso anterior, quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley’. El parágrafo 2° señala que la ‘pensión gracia para los educadores de que tratan las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la caja en el pago de su obligaciones pensionales’. Por último, según el parágrafo 3°, las pensiones de que tratan las leyes 126 de 1985 adicionada por la Ley 71 de 1988, continuarán vigentes en los términos y con­di­ciones en ellas contemplados.

 

4.2.7. Entonces sostener que ‘siempre y cuando, se verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley de seguridad social, hacen parte del Sistema General de Pensiones no solamente las pensiones reconocidas expresamente por la Ley 100 de 1993 y los regímenes expresamente exceptuados de la misma, sino también aquellas producto de pactos, acuerdos o convenciones colec­tivas de trabajo, válidamente celebrados’–. Es una interpretación plausible de la norma Además, es la interpretación que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, da al texto normativo acusado, tal como lo sostuvo a través de su intervención en el presente proceso y como lo ha señalado a través de sus concepto”. (Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, sentencia de diciembre 5/2005, Exp. C-1261).

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[&2804]
D.R. 2921/2010. 

ART. 1°.— En los términos previstos en el inciso 3 del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, se encuentran exentos de gastos de representación un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento de su salario (50%) que perciban en razón de sus funciones los Magistrados titulares de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura.

 

Para los jueces de la República el porcentaje exento será del veinticinco por ciento (25%) sobre su salario.


[&2805]
JURISPRUDENCIA - A los magistrados auxiliares de las altas cortes y a los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura se les aplica la exención del numeral 7º.del art. 206 E.T.—  

“(…) 8.1. De acuerdo con las anteriores consideraciones, resulta claro que no existe justificación razonable para el trato diferenciado que la norma censurada introduce en contra de los magistrados auxiliares de las altas cortes y los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, de suerte que el inciso 3 del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, al excluirlos de su ámbito de aplicación, es inconstitucional por violación de los principios superiores de igualdad y equidad tributaria.

 
Sin embargo, la Corte encuentra que para reparar la vulneración de los principios de igualdad y de equidad no es pertinente declarar la inexequibilidad de la expresión “de los tribunales”, contenida en el inciso 3 del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, como solicita el actor, pues el enunciado normativo perdería su sentido inicial y podrían generarse confusiones interpretativas en torno al alcance de la disposición objeto de examen, amén de que la norma por sí misma no es contraria a la Carta Política, sino que lo es en relación con la exclusión que comporta de sujetos que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica que los beneficiarios directos de la exención tributaria, pero que no han sido cobijados por dicho instrumento de política fiscal.
 
Frente a dicha circunstancia, esta Corporación ha precisado que una forma de reparar la inconstitucionalidad de la norma censurada es acudir a una sentencia integradora y, particularmente, a una sentencia aditiva, que se caracteriza por producir una extensión o ampliación del contenido normativo examinado, sin el cual la disposición que se revisa resultaría contraria a la Constitución Política, decisión que como ha aclarado la Corte, no atiende a un impulso político autónomo del juez constitucional, sino que responde a la necesidad de integrar el ordenamiento jurídico de suerte que el mismo resulte, en cada caso, acorde con los mandatos superiores.
 
Según ha señalado la Corte Constitucional, las sentencias aditivas encuentran un claro fundamento en el carácter normativo de la Carta Política, que se deriva del artículo 4 superior, y en los principios de efectividad y conservación del derecho, consagrados en los artículos 2 y 241 constitucionales, respectivamente. A través de estos principios, que se encuentran llamados a gobernar el ejercicio del control de constitucionalidad, se busca mantener vigente en el ordenamiento jurídico la norma que ofrece insuficiencias desde la perspectiva constitucional, en el sentido que le permite al órgano de control constitucional ajustar su contenido a los mandatos superiores parcialmente ignorados por el legislador.
 
En los términos expuestos, para efectos de conciliar la necesidad de reparar la violación de los principios de igualdad y equidad tributaria que comporta la norma demandada con los principios de efectividad y conservación del derecho, se adoptará una decisión que incluya las categorías de sujetos jurídicos inicialmente no contemplados por la disposición acusada y que, como ha sido demostrada, se encuentran en las mismas condiciones fácticas y jurídicos que los beneficiarios de la exención tributaria, sin que existan argumentos razonables e idóneos que justifiquen el trato diferenciado.
 
Así las cosas, se declarará exequible la disposición acusada, en el entendido de que comprende a los magistrados auxiliares de las altas cortes y a los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura.
 
8.2. De otra parte, en relación con los efectos temporales de esta providencia, la Corte sigue la regla general consagrada en el artículo 45 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que es del siguiente tenor: “las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
 

Por lo tanto, la extensión del beneficio tributario consagrado en la norma censurada, a favor de los magistrados auxiliares de las altas cortes y de los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, sólo surte efectos ex nunc, esto es, desde la declaratoria de exequibilidad de la norma que lo consagra, en el entendido de que su ámbito de aplicación cobija también a tales funcionarios por encontrarse, en punto del régimen salarial y prestacional, en la misma situación fáctica y jurídica que los beneficiarios directos de la exención tributaria objeto de análisis.” (Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil, sentencia C-748 de octubre 20/2009, Exp. D-7365)

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[&2806]
JURISPRUDENCIA - Los gastos de representación de algunos fiscales se encuentran exentos del Impuesto sobre la Renta.—  

“Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad del Concepto No. 056304 de septiembre 3 de 2002 proferido por la Jefe de la Oficina Jurídica de la DIAN en el cual considera que los gastos de representación percibidos por los fiscales de la Fiscalía General de la Nación están gravados con el Impuesto sobre la Renta y Complementarios y por tanto sometidos a retención en la fuente.

 

En primer lugar observa la Sala que el concepto se apoya en la Sentencia C-1060 A de Octubre 8 de 2001 de la Corte Constitucional que declaró INEXEQUIBLE el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario (...)

 

Como lo advirtieron las demandantes y la Delegada de la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional aclaró que su pronunciamiento versaba exclusivamente sobre la exención del 50% del salario de los altos dignatarios del Estado por ser considerados gastos de representación y no sobre otros incisos del mismo numeral 7° del artículo 206 del E.T. que se refieren, entre otros funcionarios, a los jueces de la República para los cuales el porcentaje exento por gastos de representación es del 25% sobre su salario.

 

Luego no era pertinente basarse en la sentencia de la Corte Constitucional para hacerla extensiva a la totalidad de fiscales de la Fiscalía General de la Nación desconociendo la existencia de una norma especial que establece los gastos de representación para los fiscales.

 

En efecto, el literal c del artículo 2° del Decreto 684 de 10 de abril de 2002, dispone:

 

«Artículo 2°. Las asignaciones básicas mensuales y los porcentajes del salario mensual que tienen el carácter de gastos de representación para efectos fiscales de los funcionarios a que se refiere el artículo 1°, serán los siguientes:

 

a) (...)

 

b) (...)

 

c) Para los Fiscales Delegados ante Jueces dé Circuito y Fiscales Delegados ante Jueces Municipales y Promiscuos, el veinticinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación». (subrayas fuera de texto)

 

Esta disposición en forma diáfana fija los porcentajes del salario mensual que tienen el carácter de gastos de representación para efectos fiscales respecto de los Fiscales Delegados ante Jueces de Circuito y Fiscales Delegados ante Jueces Municipales y Promiscuos.

 

La expresión «para efectos fiscales» se refiere al tratamiento tributario que a los gastos de representación de determinados funcionarios del Estado, le otorga el artículo 206 del Estatuto Tributario al darles el carácter de exentos del impuesto sobre la renta y complementarios.

 

La argumentación de la DIAN, referente a considerar que los fiscales no son jueces y por tanto no se les puede aplicar la exención prevista en el artículo 206 del Estatuto Tributario, no es pertinente para el caso, ante la existencia del artículo 2° literal c) del Decreto 684 de 2002, norma que no debió ser ignorada por la DIAN al expedir el concepto acusado.

 

Luego resulta claro que los fiscales a los que se refiere el artículo 2° literal c) del Decreto 684 de 2002 tienen derecho a la exención por gastos de representación y en consecuencia el concepto impugnado es contrario a lo establecido en la citada disposición, lo que constituye motivo suficiente para declarar la nulidad impetrada”. (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, sentencia de abril 01/2004, Exp. 13534).

Exp. 13534


[&2807]
OPINIÓN DE LA DIAN - Se encuentran exentos del Impuesto sobre la Renta y Complementarios los gastos de representación de los Magistrados de los Tribunales Superiores.—  

(...) Este Despacho mediante el Concepto número 27619 de mayo 09 de 2002, manifestó: «Solo continúan gozando de la exención del impuesto sobre la renta y complementarios los gastos de representación que perciban los Jueces de la República y los profesores de universidades oficiales, considerados estos como un porcentaje fijado como exento en los incisos finales del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario...», concluyendo que los gastos de representación de funcionarios diferentes de los jueces de la República y profesores de universidades oficiales, por efectos de la sentencia, a partir del 27 de noviembre de 2001 quedaron gravados y a partir de esa fecha eran base para aplicar la retención en la fuente a título del impuesto de renta sobre pagos laborales. Posteriormente, el Concepto número 56305 de septiembre de 2002 ratificó esta posición.

 

Sin embargo, la Corte Constitucional en Sentencia C- 250-2003, teniendo en cuenta que la Sentencia C-1060-A de 2001 había precisado que los criterios aplicables a los altos funcionarios previstos en el inciso 1 del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario no lo son respecto de los funcionarios a los que se refieren los incisos 3º y 4º del mismo numeral, procedió a examinar el contenido del inciso 3º con el fin de establecer si la exención de los gastos de representación prevista en relación con los magistrados de tribunal y los jueces de la República se ajusta a la Constitución. Y falló que dicha norma no es violatoria de la Carta y procedió a declarar EXEQUIBLE el inciso 3 del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario.

 

Por lo anterior se revocan los Conceptos números 27619 de mayo 9 de 2002 y 56305 de septiembre 3 de 2002 proferidos por esta Oficina y se confirma que los gastos de representación a que se referían los incisos 3º y 4º del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, únicos actualmente vigentes de dicho numeral, son exentos del impuesto sobre la renta. Por lo tanto no integran la base para aplicar la respectiva retención en la fuente. Para tal efecto son gastos de representación el equivalente al 50% del salario calculado sobre los pagos que en estricto sentido constituyen salario y no sobre la totalidad de los pagos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria”. (DIAN, Conc. No. 039292, jul. 08/03. Promulgado Diario Oficial No. 45.250 del 16 de julio de 2003)

039292


[&2808]
OPINIÓN DE LA DIAN - Lo establecido en el artículo 206 del Estatuto Tributario, no es extensivo para los fiscales.—  

(...) “Entonces si bien, entre otros, los jueces de instrucción criminal fueron incorporados a la Fiscalía General de la Nación en idénticas condiciones y en lo que a instrucción de los procesos se refiere, ejerciendo las funciones que desarrollaban antes de dicha incorporación, no por ello puede afirmarse que continúen siendo Jueces de la República por que, se reitera tales cargos desaparecieron por mandato Constitucional y el hecho de tener “igual jerarquía y contraprestación económica” que los Jueces, como lo afirman los consultantes y como lo consagra el artículo 63 del decreto antes mencionado (en cuanto a régimen salarial), no les otorga el carácter legal y laboral que ostentan quienes se encuentran vinculados a la rama judicial en carácter de Jueces.

 

En este contexto no puede legalmente afirmarse que los fiscales de la Fiscalía General de la Nación puedan gozar de la exención de los gastos de representación en lo términos y porcentajes establecidos en el artículo 206 del Estatuto Tributario, para los Jueces de la República.

(...)

 

Por lo tanto al desaparecer del ordenamiento jurídico la exención prevista en el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, por haberse declarado inexequible dicha norma, como consecuencia lógica queda también sin ningún efecto su tasación, siendo claro que sólo continúan gozando de la exención del impuesto sobre la renta y complementarios los gastos de representación que perciban los Jueces de la República y los profesores de universidades oficiales en el porcentaje fijado como exento en los incisos finales del numeral 7, del artículo 206 del Estatuto Tributario...” (DIAN, Conc. 072400, nov. 07/02. Promulgado Diario Oficial No 45.002 del 18 de noviembre de 2002)

072400


Contralores distritales y municipales
[&2809]
L. 223/1995. 

ART. 276.— Los contralores distritales y municipales de capitales de departamento, están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios en los mismos términos que establece el artículo 206, numeral 7º del estatuto tributario para los alcaldes y secretarios de alcaldías de ciudades capitales de departamentos.

 

NOTA *: El art. 276 de la L. 223 de 1995 debe considerarse inexequible por consecuencia con base en la sentencia C-1060A/2001, M.P. Lucy Cruz de Quiñones.


[&2815]
L. 488/1998. 

ART. 27. Exención para bonificaciones y/o indemnizaciones en programas de retiro de entidades públicas.Estarán exentas del impuesto sobre la renta las bonificaciones y/o indemnizaciones que reciban los servidores públicos en virtud de programas de retiro de personal de las entidades públicas nacionales, departamentales, distritales y municipales.

 

NOTA: El art. 92 de la L. 788/2002 consagra la  retención en la fuente  sobre indemnizaciones  derivadas de la relación laboral, legal o reglamentaria, pero dejó vigente  el art. 27 de la L. 488/98, por lo que sobre éstas  indemnizaciones no se aplicará la retención creada por la norma citada.


[&2816]
OPINIÓN DE LA DIAN - Las indemnizaciones y/o bonificaciones pagadas a los servidores públicos en el año 1997, no estaban exentas del impuesto sobre la renta.—  

(...) “El artículo 27 de la Ley 488 de 1998, dispuso que estarán exentas del impuesto sobre la renta las bonificaciones y/o indemnizaciones que reciban los servidores públicos en virtud de programas de retiro de personal de las entidades públicas, departamentales, distritales y municipales.

 

La ley tributaria no es retroactiva por expreso mandato constitucional, consagrado en el artículo 363 de la Carta Política.

 

(...) La Ley 488 de 1998 publicada en el Diario Oficial número 43.460 de diciembre 28 de 1998, se encuentra vigente desde esa misma fecha y no se puede pretender que para situaciones consolidadas con anterioridad como en el año gravable 1997 se pueda dar aplicación al beneficio consagrado en el artículo 27 para las indemnizaciones o bonificaciones pagadas a los servidores públicos, en planes de retiro.

 

En consecuencia, las indemnizaciones y/o bonificaciones que en virtud de la Ley 488 de 1998 son exentas para los servidores públicos que las reciban con motivo de un plan de retiro de las entidades públicas, con anterioridad a su vigencia estaban gravadas de acuerdo con la ley; por lo cual se encontraban sujetas a retención en la fuente sin perjuicio de la exención del 30% en razón de la relación laboral prevista en el artículo 206 del Estatuto Tributario.

 

Ahora bien, mediante Concepto número 530 de 1999 se sostuvo por este Despacho que la exención del Impuesto sobre la Renta por las sumas recibidas por concepto de indemnizaciones y bonificaciones en virtud de programas de retiro aplicaba a partir del 1º de enero de 1999, sin atender lo dispuesto en la Sentencia C-527 de 1996 proferida por la Corte Constitucional. Por las razones expuestas, se revoca el Concepto número 530 de 1999”.(DIAN, Conc. 016559, mar. 18/02, promulgado Diario Oficial No. 44.748 del 23 de marzo de 2002)

016559


[&2817]
OPINIÓN DE LA DIAN - Aplicación de la exención para bonificaciones y/o indemnizaciones en programas de retiro de entidades públicas.—  

(...) ” La obligación tributaria nace de un hecho (indemnización en programas de retiro de entidades públicas) al que la ley (artículo 27 Ley 488 de 1998) le atribuye una consecuencia (exonerar del impuesto sobre la renta).

 

Diferente de lo anterior es el momento en que debe efectuarse el pago del impuesto.

 

Por lo tanto cuando se desvincula a un trabajador mediante un programa de retiro de una entidad pública bajo la vigencia de la Ley 488 de 1998 la indemnización que se le reconozca como consecuencia del retiro, está exenta del impuesto sobre la renta, independientemente del momento en que esta se cancele, pues el derecho al beneficio nació cuando se dieron los hechos contemplados en la norma para considerarlos como exenta. De la misma manera si el trabajador fue desvinculado bajo los mismos parámetros expuestos pero con anterioridad a la vigencia de la Ley 488 de 1998, la indemnización recibida como consecuencia de este retiro está gravada con el impuesto sobre la renta independientemente del momento en que se cancele la misma, pues no existe ninguna norma que la exonere de este impuesto”. (DIAN, Conc. 016819, abril 1/03. Promulgado Diario Oficial No 45.158 del 12 de abril de 2003).

016819


[&2818]
OPINIÓN DE LA DIAN - Indemnizaciones sustitutivas de pensiones.—  

"El mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, el valor exonerado del impuesto será el que resulte de multiplicar la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, calculados al momento de recibir la indemnización, por el número de meses a los cuales ésta corresponda”.

 

A su vez, el parágrafo 3º del citado artículo dispone: “Para tener derecho a la exención consagrada en el  numeral 5º de este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993”.

 

Los artículos 31 y siguientes de la Ley 100 de 1993, señalan las características y requisitos para acceder a las pensiones de vejez, invalidez, de sobrevivientes e indemnizaciones que por cada una de ellas se deriven, dentro del régimen solidario de prima media con prestación definida, previendo en su artículo 37 que las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de seguir cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenida se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.

 

De lo precedente puede establecerse entonces, que una vez cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 transcrito, el trabajador beneficiario tiene derecho a percibir la indemnización sustitutiva de la pensión, para lo cual en el inciso 2º del numeral 5º del artículo 206 del estatuto tributario se contempló el mismo tratamiento impositivo previsto para la pensión de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, en su carácter de exento en el monto allí dispuesto.

 

Por tanto, si la indemnización se percibe, precisamente por no tener derecho a la pensión, es lógico entender, que para la exención de la indemnización sustitutiva de la pensión tal como está expresamente establecido en el inciso 2º del numeral 5º del artículo 206 citado, es requisito cumplir para acceder a ella con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 únicamente y no los requisitos previstos en la Ley 100 para la pensión". (DIAN, Conc. 58707, jul. 24/1996)

58707


[&2819]
D.R. 535/1987*. 

ART. 13.— Conforme a lo previsto en el artículo 142 de la Constitución Política, los fiscales o quienes hagan sus veces ante los despachos judiciales, tendrán derecho a la exención por gastos de representación de que trata el numeral 7º del artículo 35 de la Ley 75 de 1986**, en el mismo porcentaje aplicable a los jueces ante quienes ejercen sus funciones.

 

NOTA *: El art. 276 de la L. 223 de 1995 debe considerarse inexequible por consecuencia con base en la sentencia C-1060A/2001, M.P. Lucy Cruz de Quiñones.

 

**: El numeral 7º del artículo 35 de la Ley 75 de 1986, está compilado en numeral 7º. del art. 206 del Estatuto Tributario. (& 2790).


[&2820]
L. 44/1990. 

ART. 22.— Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios de los ciudadanos colombianos que integran las reservas oficiales de primera y segunda clase de la Armada Nacional, mientras ejerzan actividades de navegante, oficial o tripulante en empresas marítimas nacionales de transporte público o de trabajos marítimos especiales, solamente constituye renta gravable el sueldo que perciban de las respectivas empresas, con exclusión de las primas, bonificaciones, horas extras y demás complementos salariales.


[&2821]
D.R. 1372/1992. 

ART. 26. Ingreso no gravado para reservas de la Fuerza Aérea o de la Armada Nacional.Para los efectos del impuesto sobre la renta y complementarios de los ciudadanos colombianos que integran las reservas de oficiales de primera y segunda clase de la Fuerza Aérea o de la Armada Nacional, y se desempeñen en las actividades señaladas en el numeral 9º del artículo 206 del estatuto tributario y en el artículo 22 de la Ley 44 de 1990, respectivamente, que reciben bonificación por retiro voluntario, solamente constituye renta gravable la proporción correspondiente al salario básico proyectado en la bonificación pactada conforme a las especificaciones que señalan las normas mencionadas.


[&2821-1]
OPINIÓN DE LA DIAN - La exención consagrada en el art. 22 de la L. 44/1990 se encuentra condicionada a la existencia de una relación laboral.— 

“Claramente la norma transcrita dispone que para efectos de la exención objeto de estudio, se requiere la existencia de una relación laboral entre el integrante de la reserva mientras ejerza actividad de navegante, oficial o tripulante en una empresa marítima nacional de transporte público o a una empresa de trabajos marítimos especiales.
 
En efecto, es respecto de las rentas de trabajo de dichos trabajadores que la norma consagra el beneficio tributario para las primas, horas extras, bonificaciones y demás complementos salariales, limitando la renta gravable al valor correspondiente al salario. Asimismo, es preciso indicar que la interpretación y aplicación de los beneficios tributarios tiene carácter restrictivo y, por tanto, solo abarcan los eventos expresamente establecidas por la ley.
 
De manera que, el reconocimiento de dicho beneficio está condicionado al cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la ley, por consiguiente, sólo se considera como renta gravable los salarios percibidos por los ciudadanos colombianos integrantes de las reservas oficiales de primera y segunda clase de la Armada Nacional, mientras ejerzan actividades de navegante, oficial o tripulante en empresas marítimas nacionales de transporte público o en empresas de trabajos marítimos especiales, los demás complementos salariales que perciban de dichas empresas por concepto de primas, bonificaciones, horas extras y demás complementos salariales se consideran exentos.
 

Las demás formas de contratación de personal diferentes a la relación laboral en los tér­minos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, no están cobijadas por el beneficio consagrado por el artículo 22 de la Ley 44 de 1990”. (DIAN, Oficio 077137 oct. 20/2010. Promulgado Diario Oficial No. 47.889 del 10 de noviembre de 2010)

Ver texto completo


[&2822]
OPINIÓN DE LA DIAN - A partir de enero del año 2003 constituye renta exenta el 25% del valor total de los ingresos laborales, percibidos, hasta el límite señalado para cada periodo.—  

(...) “En consecuencia, para determinar los pagos gravables se procederá así:

 

1. Al valor total de los ingresos recibidos por el trabajador provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria (independientemente que constituyan o no factor salarial y de la designación que se les dé) durante los doce meses, o durante el tiempo que lleve laborando según el caso, susceptibles de producir un incremento neto en su patrimonio al momento de su percepción (vacaciones, pagos adicionales, comisiones, bonificaciones, viáticos permanentes, etc.), se restan aquellos pagos que por expresa disposición legal son exentos o no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, tales como indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad o por accidente de trabajo o gastos de representación en los términos y para los funcionarios señalados en el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, aportes pensionales obligatorios incluido el del Fondo de Solidaridad Pensional y los voluntarios hasta el límite legal, etc.

 

2. A este resultado se le resta el 30% si corresponden a pagos anteriores a enero de 2003 por tratarse del porcentaje que se consideraba exento.

 

Por lo tanto si el cálculo se efectúa en el mes de diciembre de 2002 los doce meses anteriores corresponden al período de diciembre de 2001 a noviembre de 2002 para el que estaba vigente la exención del treinta por ciento (30%) la cual debe respetarse por efectos de la irretroactividad de la ley.

 

De la misma manera cuando se efectúe el cálculo del porcentaje fijo en el mes de junio de 2003 los doce meses anteriores corresponden al período comprendido entre junio de 2002 y mayo de 2003, el cual queda afectado con los dos porcentajes. En efecto, al valor total de los pagos gravables que correspondan al período junio a diciembre 2002 se le debe descontar como exento el 30% y al que corresponda al período enero a mayo de 2003 se disminuye con el 25% considerado como exento por el artículo 17 de la Ley 788 de 2002.

 

Ahora bien, establecido el ingreso mensual promedio en la forma indicada, se le podrán restar los intereses o corrección monetaria, o los gastos de salud y educación, que legalmente correspondan según el caso, y el resultado será la base para establecer el porcentaje fijo, el cual será el que figure en la tabla de retención frente al intervalo al cual corresponda dicha base.

 

Este porcentaje fijo se aplica a los pagos mensuales igualmente disminuidos con sumas tales como: Aportes voluntarios u obligatorios a fondos de pensiones hasta el monto autorizado en la ley, rentas exentas tales como gastos de representación, indemnizaciones por maternidad, accidentes de trabajo o enfermedad etc. y a este resultado se le descuenta el veinticinco por ciento (25%) que constituye renta exenta sin que dicho porcentaje exceda de la suma de $4.000.000 mensuales y los intereses y corrección monetaria o gastos por salud y educación a que tenga derecho el trabajador. (...)”. (DIAN, Conc. 006346, feb. 12/2003. Promulgado Diario Oficial No. 45.104 de febrero 21 de 2003)

06346


[&2823]
OPINIÓN DE LA DIAN - El límite mensual de las rentas de trabajo exentas opera respecto de los pagos que no se reciben mensualmente, pero que tienen vocación mensual.—  

“(...) En lo que se refiere a los pagos laborales, es preciso tener en cuenta que existen pagos regulares mensuales y otros pagos que, si bien no son mensuales, sí tienen vocación mensual, aún cuando se paguen solo una o dos veces en el año. Tal es el caso, por ejemplo, de las vacaciones y las primas, cuyo reconocimiento en favor del trabajador depende del tiempo durante el cual este haya prestado sus servicios en el respectivo año o período. (…)

 

De lo anterior se infiere que la limitante contenida en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario no está referida únicamente a los pagos laborales mensuales, sino que, para el efecto, basta con que los pagos tengan vocación de mensualidad, como ocurre con la prima legal, las vacaciones y las bonificaciones ocasionales. Respecto de dichos conceptos se aplica igualmente el 25% como renta exenta, siempre y cuando el monto que resulte de calcular este porcentaje no sobrepase el límite de los $4.539.000 (valor año 2005) en el mes en que se paguen. Es necesario anotar que los pagos laborales por concepto de vacaciones y primas (ocasionales o periódicas) no tienen un tratamiento especial en el artículo 206 del Estatuto Tributario, que permita inferir que el 25% exento del valor total de los mismos no está sujeto a la limitante mensual, de que trata el numeral 10 ibídem.

 

En estas condiciones, si se trata de pagos que no se efectúan mensualmente, pero que tienen un componente mensual o de reconocimiento dentro de la relación laboral (sean estos regulares, ocasionales o extraordinarios), los mismos tienen todas las limitantes del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario.

 

Situación diferente se presenta respecto de las indemnizaciones por retiro definitivo del trabajador, ya que estas, si bien tienen como referente para su cuantificación los factores salariales en un lapso determinado, no corresponden, en estricto sentido, al reconocimiento de un pago laboral mensual ni a un pago que tenga esa vocación. En efecto, las indemnizaciones o bonificaciones por retiro tienen por objeto compensar de alguna manera al trabajador por la cesación del vínculo laboral y retribuir su dedicación a la empresa por todo el tiempo en que estuvo vigente el contrato que es objeto de terminación. Por lo tanto, estas indemnizaciones o bonificaciones por retiro definitivo de los trabajadores gozan de la exención del 25% consagrada en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, sin tener en cuenta el límite mensual contemplado en la norma.

 

En razón de lo expuesto, se aclara el Concepto número 07261 del 11 de febrero de 2005”. (DIAN, Conc. 076716, oct. 20/2005. Promulgado Diario Oficial No. 46.093 del 15 de noviembre de 2005) (&2790)

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Entidades o Agencias Internacionales de Ayuda Técnica
[&2829]
L. 24/1959. 

ART. 4º. (…) PAR.— Los sueldos y emolumentos pagados por las entidades a que se refiere el artículo primero a los funcionarios internacionales que vengan al país en desarrollo de los mismos contratos o acuerdos, quedarán exentos del impuesto sobre la renta y complementarios.


[&2830]
OPINIÓN DE LA DIAN - Tratados Internacionales que se encuentren vigentes para Colombia, operan en virtud de las preceptivas que los consagran. L. 24 de 1959, Impuesto de Renta e I.V.A.—  

 (…) “Impuestos de Renta: Respecto del “Convenio General para ayuda económica, técnica y afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América”, celebrado en Bogotá el 23 de julio de 1962, reconocido en vigencia de la Ley 24 de 1959, el cual entró en vigor el 23 de julio de 1962 y que se encuentra vigente según certificación expedida por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, es pertinente primeramente enunciar cuáles son los beneficios fiscales que contempla.

 

En el artículo IV del Convenio citado se prevé que con el fin de asegurar los beneficios máximos provenientes de la ayuda que se proporcionará en virtud del Convenio, se dispone:

 

1. Los bienes o fondos que se utilicen en relación con ese Convenio por el Gobierno de los Estados Unidos de América o por cualquier contratista, en relación con ese Convenio, estarán exentos de:

 

– Todo impuesto sobre la propiedad o el uso.

 

– Cualesquiera otros impuestos.

 

– Requisitos relacionados con inversiones o depósitos.

 

– Controles cambiarios en Colombia.

 

2. La importación, exportación, adquisición, uso o disposición de bienes o fondos en conexión con el Convenio, estarán exentos de:

 

– Cualquier arancel.

 

– Derechos de aduana.

 

– Restricciones e impuestos de importación o exportación.

 

– Impuestos sobre compras o traspasos.

 

– Cualesquiera otros impuestos o cargas similares que existan en Colombia.

 

3. Todas las personas presentes en Colombia, con el fin de ejecutar trabajos relacionados con el convenio (excepto los ciudadanos o los residentes permanentes de Colombia), estarán exentos de:

 

– Impuestos sobre la renta.

 

– Seguro Social (aportes).

 

– Impuestos sobre la compra, propiedad, uso o disposición de bienes muebles personales, incluyendo automóviles destinados para su propio uso.

 

4. Las mismas personas citadas en el numeral anterior y los miembros de su familia, respecto a los bienes muebles personales (incluyendo automóvil), que importen o exporten a Colombia para su uso personal, gozarán de las mismas exenciones que otorga el Gobierno de Colombia al personal Diplomático de la Embajada Americana en Colombia. Estas exenciones y los requisitos para hacerlas efectivas están previstas en el Decreto 2148 de 1991, reglamentado por la Resolución número 3084 de 1991.

 

Así las cosas y teniendo presente el marco jurídico del Convenio vigente citado, ha de tenerse en cuenta que toda disposición que contenga tratamientos exceptivos de beneficio en materia de beneficios tributarios, es de carácter restrictiva y en consecuencia, no puede hacerse extensiva a situaciones o personas no previstas como beneficiarias de los mismos. Habrá de atenderse, en consecuencia, estrictamente  las disposiciones del Convenio Marco.

 

Lo anterior conviene advertirlo en cuanto que el Despacho tiene conocimiento que dentro del “Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” y para su desarrollo, se han celebrado Acuerdos Simplificados, respecto de los cuales, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Memorando Circular DM.OJ.AT 12638 del 12 de mayo del año 2000, suscrito por el doctor Guillermo Fernández de Soto, Ministro de Relaciones Exteriores y dirigido a los demás Ministros del Despacho, manifestó, aquí en resumen, que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-336 de 2000 proferida el 29 de marzo del año 2000, acogió la tesis expuesta por ese Ministerio en relación con el empleo de procedimientos simplificados para celebrar determinado tipo de Acuerdos Internacionales, pertenecientes a dos categorías, a saber:

 

a) Los que en la sentencia se denominan “Acuerdos Complementarios”; o sea, Acuerdos que buscan desarrollar tratados vigentes sin incluir obligaciones nuevas para el Estado, y

 

b) Los Acuerdos en los que se contempla la ejecución de actividades que son propias del Jefe de la Rama Ejecutiva en virtud de sus funciones y de sus competencias exclusivas y discrecionales.

 

La Corte decidió que con respecto a tales instrumentos puede prescindirse del trámite de aprobación parlamentaria y ponerse en vigor por el Presidente de la República, “en ejercicio de la competencia que posee para la dirección de las relaciones internacionales”.

 

Así mismo, la Corte fue explícita en cuanto a que tales Acuerdos no están sujetos a control constitucional.

 

De otra parte –se señala en el memorando citado, la Corte precisó que con esta decisión no se modifica su jurisprudencia reciente en cuanto a la necesidad de someter a los trámites previstos en la Constitución la totalidad de los instrumentos internacionales en los que el Estado colombiano se compromete ex novo.

 

Por tanto, debe tenerse especial cuidado en cuanto a que los Acuerdos que se busque celebrar mediante un procedimiento simplificado no contengan obligaciones nuevas que excedan el marco de los compromisos ya asumidos en virtud del Tratado principal.

 

Ahora bien, dado el carácter supralegal de las prescripciones de los Tratados Internacionales que se encuentren  vigentes para Colombia en cuanto prevalecen sobre la normatividad interna y a ella se entienden incorporadas, tratándose del impuesto sobre la renta los beneficios que contemplan operan en virtud de las preceptivas que los consagran sin que se requiera procedimiento especial alguno para su  operancia. Basta fundamentar los pagos o abonos en cuenta en la norma que los consagre y comprobarlo cuando la Administración Tributaria así lo exija.

 

“Impuesto  sobre las Ventas: Respecto del manejo del impuesto sobre las ventas en las adquisiciones de bienes y servicios gravados adquiridos con recursos de los fondos obtenidos como producto de donaciones hechas por el Gobierno de los Estados Unidos, en virtud del Acuerdo General de Cooperación Económica, Técnica y afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” celebrado en Bogotá el 23 de julio de 1952, reconocido en vigencia de la Ley 24 de 1953, que entró en vigor el 23 de julio de 1962, este Despacho en Concepto número 084246 del 14 de septiembre de 2001, expresó que en él se consigna la exención de todo tipo de impuestos en operaciones relacionadas con los fondos donados en virtud del Convenio General y de los Acuerdos que para su desarrollo se suscriban.

 

Ahora bien, si conforme se prescribe en el Artículo IV del Acuerdo General los bienes o fondos que se utilicen en relación con ese Convenio por el Gobierno de los Estados Unidos de América o por cualquier contratista financiado por este Gobierno en relación con ese Convenio, estarán exentos de  todo impuesto sobre la propiedad o el uso y de cualesquiera otros impuestos y requisitos relacionados con inversiones o depósitos como de controles cambiarios en Colombia, el Despacho considera que las adquisiciones de bienes o de servicios con los recursos de los fondos a que se refiere el Convenio, están exentas del impuesto sobre las ventas en aplicación de las citadas disposiciones. Para este efecto se considera que los proveedores deberán exigir como soporte del beneficio, que la entidad seleccionada como ejecutora de los fondos objeto de la donación, les certifique en forma clara que las adquisiciones de bienes o de servicios son realizadas con recursos de la donación efectuada a Colombia en virtud del Convenio y por ende están amparadas con la exención del impuesto por cuanto el adquirente obra como administrador de fondos provenientes de los auxilios mencionados. Contando con tal certificación, venderán los artículos requeridos, como exentos del impuesto sobre las ventas o se prestarán los servicios, dejando constancia de tal circunstancia en las facturas expedidas y conservando la certificación recibida, como soporte de sus operaciones para su comprobación, cuando así lo exija la Administración Tributaria.

 

No está por demás advertir al vendedor que la certificación mencionada, como respaldo y soporte de la transacción exenta del IVA, le autoriza para tratar los impuestos descontables a que tenga derecho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 485 y 490 del Estatuto Tributario, aunque sin derecho a solicitar devolución del saldo a favor que se llegue a configurar en algún período bimestral del impuesto.

 

Debe quedar claro igualmente, que una cosa es el tratamiento de los ingresos que perciba el vendedor por los materiales vendidos o por quien preste los servicios, los cuales forman parte de sus ingresos en el correspondiente ejercicio sujetos al impuesto sobre la renta y también a la retención en la fuente a título del mismo impuesto que recaiga en sus operaciones y otra cosa es el tratamiento del impuesto sobre las ventas en las mismas operaciones”. (DIAN, Conc. 011207 feb. 22/02. Promulgado Diario Oficial No. 44.755 del 1 de Abril de 2002)

011207


Banco Interamericano de Desarrollo
[&2836]
L. 102/1959. 

ART. 11. (…)

 

LIT. b) Los sueldos y emolumentos que el banco pague a los directores ejecutivos, a sus suplentes y a los funcionarios y empleados del mismo que no fueren ciudadanos o nacionales del país donde el banco tenga su sede u oficinas, estarán exentos de impuestos.


Corporación Andina de Fomento
[&2842]
L. 103/1968. 

ART. 52. (…) 

 

LIT. b)— Los sueldos y emolumentos que la corporación pague a los directores, a sus suplentes y a los funcionarios y empleados de la misma, que no fueren ciudadanos o nacionales del país donde la corporación tenga su sede u oficinas, están exentos de impuestos.


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